Esta realidad ha motivado al BID a auspiciar un trabajo de investigación que fue encomendado a los consultores Nicolás Dassen y María José Jarquin, que han efectuado una propuesta destinada a hacer a los parlamentos más participativos de parte de la ciudadanía en la toma de decisiones de los congresistas. Para ello sugiere utilizar como base las nuevas tecnologías. Los consultores señalan que «todos esperamos que las mejores razones y soluciones prevalezcan y se transformen en Ley. Por eso, el modo en que funcionan los congresos –y en especial cómo se formulan y aprueban las leyes– es fundamental para generar confianza en los ciudadanos. Sin embargo, no siempre los ciudadanos tienen el mismo poder o acceso para participar de dicho proceso».

Hacen referencia a que los poderes legislativos de América Latina y el Caribe, reciben, en general, una baja calificación en cuanto a confianza ciudadana. Según el Latinobarómetro, más del 75% de los ciudadanos reconoce tener poca o ninguna confianza en sus congresos. Esta baja calificación no es algo nuevo. Desde que se mide este dato, el nivel de aprobación ciudadana nunca ha superado el 35%, dice el informe, y explica que esta crisis de representación se refleja en el alto grado de desconfianza pública hacia los partidos políticos y los parlamentos.

De acuerdo con la encuesta de opinión pública solo el 13% de los latinoamericanos confiaba en los partidos políticos. Asimismo, cuatro de cada cinco latinoamericanos creían que sus líderes favorecían los intereses de unos pocos privilegiados sobre los de la mayoría. Este sentimiento alcanzaba cotas excepcionalmente altas en Brasil (90%), México (88%), Paraguay (87%), El Salvador y Venezuela (ambos con 86%) (Latinobarómetro, 2018).

¿Y cómo andamos por casa? El parlamento en Bolivia en los últimos 14 años ha sido un simple apéndice del gobierno central. Son muy pocas las leyes o iniciativas desarrolladas en la Asamblea Legislativa, más del 90% de las normas ha surgido del Ejecutivo, llegando inclusive al plagio de algunas leyes. Más del 75% de los parlamentarios simplemente se han dedicado a cumplir consignas políticas y han asistido a las sesiones para evitar sanciones y levantar la mano siguiendo instrucciones. Cuando se les criticó esta forma de actuar, el argumento fue que en el caso del MAS los parlamentarios votaban unidos, por ser «orgánicos».

El Latinobarómetro señala que «detrás de la grave falta de confianza en los partidos políticos subyacen temores reales acerca de la calidad del liderazgo político existente, incluidas su experiencia, su integridad y las motivaciones que los impulsan a ocupar un cargo público. Estas frustraciones, a su vez, se ven agravadas por la percepción de una mercantilización de la política a través de la compra de escaños, ya sea para cosechar beneficios inmediatos o para favorecer los intereses de los acaudalados donantes de las campañas», sostiene el reporte.

No en vano -según dicho informe- «el 51 por ciento de los latinoamericanos creen que todos o casi todos los parlamentarios de sus países están involucrados en actos de corrupción; el 50 por ciento considera que los presidentes de la nación también y el 47 por ciento, que sus concejales y gobiernos locales son corruptos».

En Bolivia se ha visto como el 2005 el ciudadano efectuó un voto castigo a los partidos tradicionales, votando por la única opción que en ese momento salía de los pactos, y esta dislocación de percepción benefició al MAS, que llegó al poder por la decepción de la gente antes que por los méritos de ese frente político. Las consecuencias han sido graves ya que se enfiló al país hacia la destrucción, siguiendo el mismo destino de Venezuela.

Han tenido que pasar 14 años para que la gente reaccione y frene ese destino plagado de ilegalidades, transgresiones a la CPE, y hoy, el parlamento boliviano se ha convertido en el enemigo número uno del pueblo boliviano y cuando se intenta cambiar el destino desastroso, ese mismo parlamento ha decido frenar el presupuesto de salud pública en plena pandemia, bloquea toda norma democrática.

Los pedidos de «cerrar el parlamento» se multiplica en las redes sociales y en las organizaciones cívicas preguntan ¿por qué la presidenta Jeanine Añéz mantiene, con la plata del pueblo, a quienes no representan a nadie en la actualidad visto que se han prorrogado en forma inconstitucional? lo que jamás ocurrió en la vida republicana.