En mayo de 2016 YPFB contrató a una empresa canadiense para realizar el estudio sobre la existencia de reservorios de hidrocarburos compartidos entre Santa Cruz y Chuquisaca en los campos de Incahuasi y Aquio. Para viabilizar el estudio, YPFB solicitó al IGM la información oficial sobre los límites entre ambos departamentos. La respuesta no se hizo esperar: el Instituto Militar hizo conocer que en ningún momento se realizó la demarcación de esos límites, por lo que los que figuran en los mapas serían sólo referenciales. 

 Dos meses después, el Ministerio de Autonomías informó también a YPFB que las leyes de 10 de noviembre de 1898 y de 21 de octubre de 1912, cuya materia es la divisoria entre Chuquisaca y Santa Cruz, son sólo referenciales y que, por tanto, el mapa enviado a la entidad petrolera “debe ser utilizado únicamente para fines institucionales de YPFB, por cuanto el mismo no define los límites de ambos departamentos”. Vale decir que el Ministerio confirmó la precariedad de los datos entregados por las dos leyes mencionadas.

 Con esos antecedentes, precarios por acción del propio Gobierno, la empresa consultora emitió su informe certificando que los reservorios de gas se encontrarían en su totalidad en el departamento de Santa Cruz. Informe cuestionado de inmediato por el Gobernador de Chuquisaca alegando, entre otras cosas, precisamente, la inexistencia de límites interdepartamentales oficiales. Hasta aquí los hechos que, a todas luces, recomendaban prudencia en la gestión del tema. 

 Recuérdese, empero, que todo fue sucediendo inmediatamente después de aprobarse en el Parlamento nacional la reforma constitucional destinada a habilitar la cuarta repostulación de Evo Morales, seguida por los resultados del referendo del 21F y, pese a ellos, por el anuncio gubernamental de buscar esa habilitación por otra vía. De manera que la secuencia de hechos resumida líneas atrás –origen del delicado conflicto actual– comenzó su desenvolvimiento en el marco de la prematura electoralización del país decidida por Evo Morales y su equipo íntimo. ¡Y de ahí en adelante todas las acciones fueron políticas, con trasfondo electoral!

Sin importar los informes del IGM y del Ministerio de Autonomías y desairando la oposición del gobernador masista de Chuquisaca, YPFB aprobó nomás el dictamen de la consultora, lo que, ante el peligro de su total descalificación, obligó a la primera autoridad chuquisaqueña a plantear una “acción de amparo constitucional”, escogiendo para su dilucidación al juez de familia cuarto de Sucre, sorprendiendo a propios y extraños, incluidas las autoridades y representantes cruceños. 

 Radicada la acción en el Tribunal Constitucional, este órgano, ¡tercera sorpresa!, decidió conceder todo lo pedido por el Gobernador, es decir, anuló el estudio técnico realizado y, por ende, su aprobación, ordenando al mismo tiempo la suspensión del pago de regalías hasta que se efectúe una nueva delimitación interdepartamental y un nuevo estudio de reservorios compartidos (ver SCP 1.160/2017). La radicalidad de esta sentencia, a todas luces, deja entrever el alineamiento político entre el Gobernador accionante, el TCP y parte del gobierno central. Esteban Urquizu se había impuesto sobre sus conmilitones cruceños.

 La reacción oriental no podía tardar, y es que el padrón electoral cruceño es casi cinco veces más grande que el chuquisaqueño. De pronto, se aceleró la delimitación interdepartamental, hasta aprobar la reciente Ley de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, pero con una cuarta sorpresa: la mayoría masista del Parlamento decidió que las leyes de 1898 y 1912 son definitivas y, en consecuencia, los 90 vértices mencionados en ellas son irrevisables, limitándose, por ello, a fijar 30 vértices adicionales ubicados en una zona alejada del campo en conflicto, desatando así el conflicto que sobrecoge al país.

¿Qué está pasando en el MAS? Claramente, sus jerarcas ya no pueden actuar como cuando congelaron al exsenador potosino Eduardo Maldonado por atreverse a ser fiel con sus electores. ¿Cómo se explica el descontrol político del gobierno y del Legislativo?, causa a todas luces del lamentable conflicto.     
Carlos Böhrt I.  es Ph. D. en Derecho Constitucional y Derecho Pena