Pero hay también otras cuyo propósito es político, aunque enmarcado en sus atribuciones de fiscalización de las acciones del Poder Ejecutivo, como la cuarta ley promulgada por Eva Copa, presidenta de la ALP hace cinco días, luego de haber sido devuelta por la Jefa de Estado con observaciones que los legisladores rechazaron. Esa Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones obliga al Gobierno a remitir informes trimestrales a la Asamblea sobre el destino de esos recursos.

Y ayer, el Senado aprobó un proyecto de ley cuya aplicación priva a Jeanine Áñez de un recurso que le fue útil –a principios de marzo cuando la pandemia aún no había llegado al país– para ratificar a su Ministro de Defensa, que había sido censurado por la Asamblea. Ninguna disposición del ordenamiento legal impide, actualmente, que la Presidenta ratifique a un ministro censurado.

El proyecto de ley aprobado anoche por el Senado y remitido al Diputados para su revisión establece que la censura legislativa de un ministro, una vez comunicada a la Presidenta de Estado, obligará a destituirlo de inmediato. Y “la autoridad censurada no podrá ser designada en el cargo objeto de censura mientras dure el periodo constitucional”.

Es fácil imaginar los efectos de la futura ley, en la gestión del Gobierno. Éste, probablemente podrá recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), objetando la norma y conseguir paralizar su tratamiento, y/o aplicación, como ocurrió con el Proyecto de Ley para Regular los Estados de Excepción, en la última semana del mes de junio.

Pero los tribunos del TCP fueron elegidos por la Asamblea Legislativa actual, la misma que rechaza el proyecto de ley presentado por el Gobierno para aprobar créditos del Fondo Monetario Internacional.

Así, la gestión del Gobierno transitorio se complica mientras la pandemia del coronavirus sigue en plena expansión, al punto de afectar a cerca de media docena de ministros y a más de 50.000 ciudadanos de a pie. Y el proceso electoral sigue su curso.