La OEA alertó sobre las  irregularidades en ese  proceso electoral y el Ministerio Público de La Paz que tiene avance del 90 por ciento de la investigación.

De acuerdo a los delitos en el que presuntamente incurrieron se enfrentan a penas de entre uno a diez años de prisión.

“Ya estamos listos casi al 90 por ciento para emitir la acusación formal para ir a un juicio contra los exvocales del TSE”, sostuvo en su oportunidad el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio.

De acuerdo con el procedimiento, la etapa inicial o de preparación a juicio comprende desde la formulación de la acusación hasta la autoapertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentarán sus pruebas al juez de Control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase.

Desde noviembre pasado, los exvocales electorales son investigados por los delitos de falsificación de documentos y uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados. En lo referido a delitos de corrupción: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

A estos se suman los delitos ordinarios de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.

Los acusados

Actualmente, los exvocales María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y Lidia Iriarte están con detención preventiva en cárceles de La Paz; Édgar Gonzales permanece en un penal de Cochabamba, y el exvocal José Antonio Costas, quien en  principio fue recluido en San Pedro, se benefició con detención domiciliaria.

Además, otros exfuncionarios del TSE y vocales departamentales también se encuentran con detención preventiva. En total, son más de 30 personas acusadas.

Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía contemplaron tres escenarios: inconsistencias o demasías en las boletas de sufragio, inconsistencias o demasías en las actas de cómputo oficial e inconsistencias o alteraciones digitales o manuales. La auditoría de la OEA es uno de los insumos de los investigadores.

Irregularidades

En principio, el TSE electoral dispuso la impresión de 7.392.180 papeletas de sufragio: 7.059.360 para el voto nacional y 332.820 para los 33 países en el que residen bolivianos.

Sin embargo, este primer contrato de impresión fue modificado y se instruyó incrementar la cantidad de papeletas de sufragio a 7.550.711, para el país 7.209.611 y el exterior 341.100.

Pero, el Ministerio Público también observó que la impresión de las actas se encargó a dos empresas: una que realizó la impresión de las que se utilizarían en el exterior y otra para las que se usarían en el país. Estas empresas fueron identificadas como

Impresión Digital Personalizada SRL e INDUPRESS SRL.

Cabe señalar que el informe de auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), establece “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral (TSE)”. 

El documento también señala que en los comicios anulados hubo “operaciones dolosas” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas” el 20 de octubre.

En el marco de las declaraciones de funcionarios de diferente rango e importancia e incluso de los vocales, se advierte una serie de contradicciones sobre quién ordenó la suspensión del sistema de Transmisión Preliminar de Datos (TREP), el corte de energía eléctrica, el ataque de hackers, la cadena de custodia, entre otros.

Varias son las versiones acerca de quién ordenó paralizar el sistema TREP, unas  indican que fue la Sala Plena del TSE y otras que fueron los vocales Lucy Cruz, y Edgar Gonzales.

Además, algunos exvocales electorales en sus declaraciones refieren desconocer la determinación de suspender la transmisión preliminar de datos y otros dicen que la exvocal Cruz, delegada presidencial del expresidente Evo Morales, dio la orden.

Cabe señalar que la delegada de Morales en el TSE determinó “acogerse al derecho al silencio”.

Por su parte, la empresa encargada del TREP, Neotec, en su informe de las elecciones afirma que “recibimos la orden de no continuar con la publicación de resultados del TREP y se corta el servicio de internet en el Sereci tanto en la línea principal como en la línea de respaldo”.

“Aproximadamente a las 20:15 (20 de octubre de 2019), Marcel Guzmán de Rojas recibió una llamada telefónica de los vocales (en altavoz) del TSE, en ausencia del vocal Antonio Costas, en la que se ordenó suspender el TREP y se convocó a una reunión en las oficinas del TSE en San Jorge”, señala el informe.

En la reunión en San Jorge, alrededor de las 20:30, los vocales presentaron tres argumentos para la interrupción: el uso de un servidor no monitoreado (bo1), el aumento inesperado de tráfico para la verificación de actas desde el servidor bo1 y el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC.

Por esta situación Costas se alejó del TSE, quien no participó en la suspensión del TREP, aseguró en su declaración informativa que derivo en la desacreditación de todo el proceso electoral.

En el marco de las investigaciones del Ministerio Público de La Paz se determinó la posible participación del exdirector Nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), José Antonio Pardo, toda vez que desde esta institución se manejó el TREP, ya que en sus instalaciones estaba el Servidor “Bo1”, desde el cual se transfirió los datos al Bo20, en el que presuntamente se hicieron modificaciones.

En el proceso de las investigaciones, el gerente de la empresa Ethical Hacking, Álvaro Andrade, testigo en el caso fraude electoral, identificó a la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte, como la responsable de haber ordenado el corte del TREP.

La revelación la hizo en una audiencia de anticipo de prueba, en la cual Andrade brindó su declaración previa al juicio en presencia de los acusados, es decir, los exvocales del TSE que tienen medidas cautelares por la presunta comisión de delitos electorales.

Estos hechos deberán ser sustentados o rebatidos en el juicio. El proceso de fraude electoral  se dio inicio por una segunda demanda que contempla la investigación al expresidente Evo Morales, Héctor Arce, Carlos Romero, entre otros.

DECLARAN A NOTARIOS

El jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Luis Fernando Guarachi, confirmó que se notificará a 60 notarios de La Paz para que declaren como testigos en el caso del fraude en las elecciones de octubre del año pasado.

“Son aproximadamente 60 notarios, son del departamento de La Paz en primera instancia (los que van a ser notificados). Por la emergencia sanitaria estamos viendo que en los diferentes departamentos, en los casos que han abierto en cada Tribunal Departamental Electoral, realicen la misma actividad, sin embargo, nosotros estamos adelantando este elemento para adelantar la investigación y continuar con los elementos que estamos aportando al Ministerio Público”, declaró Guarachi.

SISTEMAS INSEGUROS

El director ejecutivo de la empresa auditora Ethical Hacking, Álvaro Andrade, sostuvo  que una de las grandes vulnerabilidades del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) fue que los usuarios y contraseñas de 7.000 operadores, que debían ingresar los resultados de las actas,  eran inseguros. 

“Logramos extraer los 7.000 usuarios del TREP. Las contraseñas de estos usuarios estaban cifradas en un algoritmo que se llama MD5, que está obsoleto hace más de 10 años. Entonces, era muy fácil romper las contraseñas. Rompimos todas las claves de los usuarios, les recomendamos que usen un cifrado más fuerte en vez de usar un algoritmo tan conocido en la industria de seguridad”, explicó.

ANUNCIAN TESTIGO CLAVE PARA CASO FRAUDE DOS

REDACCIÓN CENTRAL

El Ministerio Público de La Paz  lleva adelante un segundo proceso penal de fraude electoral que fue activado por el exgobernante y candidato presidencial Carlos Mesa en contra del expresidene Evo Morales y que involucra también al exvicepresidente Álvaro García y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce.

La petición de apertura del proceso fue presentado ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que determinó abrir el proceso penal y para el efecto derivar el mismo a la Fiscalía de La Paz.

La denuncia fue presentada en Sucre el 12 de febrero, oportunidad en la que Mesa aseguró que resultaba imposible pensar que los delitos en los que se concretó el fraude electoral hubieran contado sólo con la participación de los exvocales y no de las autoridades del Gobierno anterior, que fue beneficiado con el fraude.

Dentro de este proceso, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que en el caso denominado fraude dos se espera la declaración de un testigo clave que anunció presentaría el Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dijo que presentaría un testigo clave que aportará datos sobre la supuesta manipulación de datos. “Es un testigo que se presentó de manera voluntaria y vamos a proteger su identidad, es un testigo que va a dar mucha información”,explicó.

SEGURIDAD DE ELECCIONES, EN MANOS DE INTERINOS

Meses antes de la verificación de las anuladas elecciones generales de octubre de 2019, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se presentaron una serie de renuncias en cargos claves, mismos que quedarían en mano de interinos y que se encargaron de desarrollar el proceso.

Entre los interinatos estaban Windsor Saire Quipildor, que asumió como director nacional de Tecnología de la Información y Comunicación; Dayler de la Cruz Mamani, como jefe de Seguridad Tecnológica; Osvaldo Ramiro Aspi Mamani, encargado de soporte técnico e infraestructura; Henry Xavier Ballivian Ticona, secretario de Cámara; entre otros.

De acuerdo con declaraciones  en el caso fraude 1, Saire habría sido el encargado de solicitar el corte de transmisión, porque se detectó un servidor desconocido y que se recibía ataques de hackers. Pero, la solicitud la hizo a pedido de los exvocales Cruz e Iriarte.

Respecto a la versión del corte de energía eléctrica, que obligó a suspender el TREP, se conoció que Wilson Rodríguez Pinaya, encargado de infraestructura, pidió a Osvaldo Aspi que baje la palanca de electricidad y así frene el conteo en el TREP . Sin embargo, Aspi en su declaración refiere que no se dio ningún corte de energía eléctrica ni en San Jorge ni en las oficinas del Sereci.