El Gobierno de transición denunció ayer que el MAS extrajo recursos de las cuentas de 82 entidades públicas durante sus casi 14 años en el poder, sobregirando la Cuenta Única del Tesoro (CUT) por alrededor  de 18.000 millones de bolivianos.

El viceministro del Tesoro y Crédito Público Carlos Schlink  señaló que no se sabe a ciencia cierta a dónde fueron a parar los recursos y emplazó al candidato presidencial del MAS y exministro de Economía  Luis Arce  a explicar el destino del dinero.

“La CUT resguarda la plata de 153 entidades públicas, cada una con su propia subcuenta. Lo que hemos descubierto es que el  gobierno del MAS tuvo muchos gastos dispendiosos como la construcción de obras como la plata de GLP o la creación de empresas públicas y se sacó la plata de 84 de estas entidades públicas para cubrir esos gastos, acumulando entre los años 2006 y 2019 la suma de 18.039 millones de bolivianos”, explicó la autoridad económica.

De acuerdo con el detalle de los montos sobregirados, en cada una de las subcuentas el gobierno del MAS retiró de las cuentas de las empresas públicas el monto de   6.599 millones de bolivianos, el Tesoro General de la Nación (TGN) fue sobregirado en   3.056 millones de bolivianos, el Órgano Ejecutivo en   3.538 millones  y las entidades públicas descentralizadas en 3.652 millones de bolivianos  (ver gráfica).

Las empresas públicas afectadas son YPFB con  4.276,10 millones de bolivianos, Emapa con  658,80 millones, Ende con 446,21 millones, Empresa Pública de Yacimientos de Litio Boliviano con   372,05 millones, Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) con  307,14 millones, Mi Teleférico con  160,30 millones,  Agencia Boliviana Espacial (ABE) con   117,32 millones, Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv con  79,79 millones, Quipus con   60,98 millones, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) con   38,42 millones, Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados con   24,35 millones, Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación con   24,26 millones, Empresa Misicuni con  16,98 millones y Boliviana de Aviación con  16,40 millones de bolivianos. 

Estos sobregiros, según la autoridad, generaron deudas en las entidades, las cuales se arrastran hasta ahora y que han producido conflictos con sus acreedores.

“A raíz de esos retiros, cuando llega el nuevo Gobierno en noviembre de 2019, los proveedores de combustibles señalaron que YPFB les debía facturas desde febrero, o en el caso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se descubrieron deudas con las empresas que hacen mantenimiento de carreteras y las constructoras que hasta el momento estamos tratando de pagar”, explicó el viceministro.

Si bien no se conoce el destino de los fondos, el Gobierno supone que se utilizaron para pagar proyectos como la construcción de la Planta de GLP o la Planta de Urea y Amoniaco, la creación de empresas públicas deficitarias, la compra de barcazas chinas o la adquisición del avión presidencial, entre otros gastos.

“Si bien tenemos el registro contable de todo el sobregiro, es necesario realizar una investigación a fondo, con más tiempo. La dirección de contaduría tiene que revisar cada uno de los pagos que se hicieron en su momento, pero es algo que también se le debería preguntar al candidato Luis Arce”, dijo.

Por su parte, el MAS, a través de su vocera y exministra  Marianela Paco, indicó que esta denuncia es un intento de judicializar la campaña electoral e indicó que el actual Gobierno utiliza estos casos como cortinas de humo para cubrir su ineficiencia y casos de corrupción.

“No nos es extraño que el Gobierno distraiga su atención de lo  más importante. Sus acciones de un tiempo a esta parte  nos vienen acostumbrando a la judicialización de la campaña, con insistentes intentos de proscribir al MAS y al candidato presidencial, para sacarnos de la carrera electoral del 6 de septiembre. Todas sus acusaciones públicas terminan siendo un show político sin asidero legal”, dijo Paco  en un contacto  con  Página Siete.

La vocera agregó que toda acción legal será respondida por Arce y el MAS, en pleno apego a la normativa vigente.