El sábado, de madrugada, se firmó un acuerdo entre el grupo de vecinos movilizados en K’ara K’ara, la Gobernadora de Cochabamba, el Alcalde de Cercado, la ciudad capital, y el representante de la Defensoría del Pueblo, poniendo fin a meses de conflicto en la zona donde está el relleno sanitario de la ciudad y que se había convertido en reflejo de la querella política actual.

En efecto, tomó una semana resolver un conflicto iniciado hace meses, al parecer solo porque siete días antes de la firma del acuerdo había habido una nueva refriega entre el grupo de vecinos y vecinas y la Policía, circunstancia aprovechada por un grupo irregular que controla la moral de la población cochabambina para amenazar al Alcalde y la Gobernadora con tomar medidas contra ellos si no encontraban una solución, y porque este extremo había activado las alarmas de organismos multilaterales de derechos humanos.

El acuerdo y su alcance permiten observar que no se trataba únicamente de un reclamo de tipo político-partidario, sino de una legítima protesta por condiciones de vida depauperadas a causa no solo de la pobreza sino, sobre todo, de la vecindad de un relleno sanitario que, como muchos otros en el país, ya ha cumplido su vida útil y debe ser reemplazado por uno nuevo.

Entre los puntos acordados están el inicio del cierre del botadero municipal en un plazo de 30 días a partir de la contratación de nuevos servicios; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del Decreto Supremo 4260, que dispone clases virtuales, a cargo de la Defensoría del Pueblo; el estudio de factibilidad técnica para la instalación de un horno crematorio en la zona a cargo de la Alcaldía y la Gobernación; el desarrollo de planes de reactivación económica de la zona; la conformación de brigadas médico-naturistas para la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la entrega de raciones alimenticias.

Todo apunta, pues, a que se trata de medidas, probablemente desesperadas y excesivas por esta causa, antes que vocación por hacer “sedición” y “terrorismo”, cargos que se imputan a tres dirigentes detenidos tiempo atrás y que esperan ser procesados por la Fiscalía de La Paz, tema que también es parte del acuerdo, pues la Defensoría del Pueblo se compromete a hacer seguimiento a este caso, coincidiendo con lo expresado por los señalados organismos de derechos humanos.

Era necesario el acuerdo porque sin él la trágica emergencia sanitaria producida por el COVID-19 se veía agravada por la basura incontenible en la ciudad; pero también porque era evidente que ni el gobierno municipal ni el departamental estaban haciendo esfuerzo alguno por poner fin a un conflicto que amenazaba la estabilidad de sus autoridades; y sobre todo, porque en tanto espejo en el que se reflejaban los prejuicios de unos y otros, estaba devolviendo una imagen poco esperanzadora de la práctica política actual en el país, así como de sus medios y sus fines.