Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: lunes 13 de julio de 2020
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Renuncias y cambios de autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Lo que comenzó con el pedido de una indignada concejal masista a su copartidaria Gobernadora, de que “deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros”, se transformó días después en una exigencia con plazos, que alcanza también al alcalde de Cercado, formulada por la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) y a la que se sumaron otros sectores, como la asociación de comerciantes “Gremiales unidos por Cochabamba” y cerca de 30 OTB de dos distritos de la ciudad que reclaman su “renuncia irrevocable”.
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“Les damos 72 horas para tomar la decisión más urgente de su vida. Se terminaron plazos y tolerancias. Nos toca hacer cumplir la ley. Por esta razón, a nombre de todo el empresariado de Cochabamba les pedimos su renuncia”, anunció el viernes Javier Bellott, el presidente de la FEPC.
Las razones para pedir la dimisión de Esther Soria, la Gobernadora, y de José María Leyes, el Alcalde, son numerosas, evidentes y todas tienen que ver con la deficiente gestión de la emergencia sanitaria que realizan las instancias públicas dirigidas por ambas autoridades
El colapso de los centros de salud, la carencia de centros de aislamiento para enfermos de Covid-19 leves o asintomáticos, la escasez de insumos médicos y hasta la falta de espacio para sepultar a los fallecidos por la enfermedad podrían no ser tan graves como lo son si la Alcaldía y la Gobernación hubieran desempeñado sus funciones con responsabilidad y eficiencia, pues tuvieron cuatro meses para concebir y ejecutar las acciones que habrían evitado la inminente catástrofe sanitaria.
Pero ni Leyes ni Soria hicieron bien su trabajo. No lo hicieron en cuatro meses y tampoco lo hacen ahora. Como lo constata Bellott, “hay una ausencia total de planificación y eso ha quedado demostrado en el documento (el plan de contingencia para la cuarentena mixta vigente desde el lunes 13 de julio), porque hay demasiadas incoherencias e imprecisiones (…) Eso nos demuestra que no tenían ni tienen un plan”.
Las consecuencias de ello se miden en pérdidas: de vidas, afectivas, económicas, de energías y de confianza. Porque es muy difícil confiar en una Gobernadora que reclama porque “no tenía que haber ningún celular” en su encuentro con los “autoconvocados”, al explicarse sobre el audio donde proclama que no cree en la existencia del coronavirus. Y tampoco se puede confiar en un Acalde cuyas acciones, numerosas, son objeto de denuncias y de juicios penales por irregularidades en el manejo de los recursos económicos municipales. Sin credibilidad ni eficiencia no se puede dirigir ni la Gobernación ni la Alcaldía.
