Todas las acciones –necesarias y posibles– destinadas a superar la crisis del Covid-19 y a promover el desarrollo parten por lograr que la economía empiece a generar los recursos necesarios de manera autónoma y sostenible. El cimiento de tal economía es un contexto de mutua confianza y de corresponsabilidad entre empleados y empleadores, empresas y Estado y entre Estado y ciudadanía. Para ello son necesarios objetivos compartidos de desarrollo entre los que la diversificación productiva, la equitativa distribución del ingreso y la responsabilidad ambiental son rasgos inescapables.

Lograrlos requiere salir del extractivismo rentista, lo que demanda el desarrollo de una agenda de corto plazo con acciones orientadas a ese fin, pero que en el actual contexto económico e institucional sean posibles de realizar como medios para mitigar los impactos de la crisis en la salud, el empleo y los ingresos a corto plazo.

Iniciar la salida del extractivismo impone, como meta mínima, establecer las condiciones institucionales para que el 2025 iniciemos el tercer siglo de la República – Estado Plurinacional, con una clara visión social compartida sobre el desarrollo. Para ello, el gobierno 2020-25 tendría tareas inescapables que cumplir. De inicio, acordar y cimentar una institucionalidad “pro-producción y empleo” que sea confiable, cerrando toda posibilidad de violaciones a la separación de poderes, sentando las bases para las profundas reformas del sistema de justicia y del electoral, y establecer los marcos de eficiencia, de productividad y de transparencia que rijan en la administración pública.

La credibilidad de la nueva institucionalidad es la condición necesaria para eliminar desde los incentivos a la corrupción, hasta para devolver funcionalidad a los semáforos en las calles. Para que esas metas de mediano plazo sean posibles, es necesario conformar una candidatura única que elimine toda posibilidad que los grupos “duros” del MAS accedan al gobierno o controlen la Asamblea Legislativa. No se trata de “marginar a los masistas”, sino de poner un alto a los que se amparan en las garantías democráticas para imponer su ideario totalitario, prebendal y corrupto.

En ese sentido, más allá de afectos o desafectos, la Presidente Jeanine Añez debería declinar su candidatura para eliminar argumentos políticos en su contra, recuperar la credibilidad que le permita demandar poderes especiales ante la crisis y convocar un “Consejo Político de Concertación” que tenga, como tareas, definir una agenda que guíe al próximo período y busque la candidatura de consenso que conforme un gobierno con base en las personas mejor calificadas para cumplir la agenda de reformas. Es decir, ya no se trata de escoger al mejor “candidato”, sino al mejor equipo para cumplir tareas precisas.

Esta primera decisión permitirá al gobierno de transición concentrar su gestión en la crisis de salud, en mantener la pacificación y en llevar adelante medidas extraordinarias en el ámbito de la economía, el empleo y la distribución del ingreso a fin de paliar los efectos inmediatos de la crisis en los más vulnerables. El medio instrumental para la pacificación será establecer el proceso de reflexión social que “internalice” en los ciudadanos los hitos de la “ruta crítica” que nos permitirá encarar verdaderas reformas estructurales.

En estas condiciones, el equipo de gobierno de “reconstrucción nacional” 2020-25 adoptaría las medidas pertinentes para dinamizar la economía con base en la capacidad productiva y creativa que los bolivianos muestran fuera del país. Significa romper los preceptos y dogmas dominantes en la teoría y la práctica económica para repensar la economía ya no desde los indicadores macro (PIB, déficit fiscal o tasa de interés), sino desde la creación de valor (“verde, naranja y morado”), la productividad, el empleo digno y la equitativa distribución del ingreso.

Para ello, tareas prioritarias serían identificar y acordar las necesarias reformas en los ámbitos institucional, económico, autonómico y político. Estos  cuatro ámbitos requieren cambios para los que podrían ser necesarios referendos consultivos; si éste fuera el caso, incluso un período de gobierno podría ser insuficiente para traducir los resultados de las consultas en instrumentos legales sancionados como políticas de Estado.

Hace tres meses abordé estos temas y ya somos muchos quienes coincidimos en las ideas de fondo, pero los políticos... Al momento de escribir esta versión, 14 días nos separan de la fecha límite para sustituir candidaturas por renuncia ante el TSE. Los políticos ya no podrán decir que no les pedimos ni advertimos; no aceptemos que se escondan tras argumentos pueriles.