Los nuevos gobernantes, por su parte, no se dieron cuenta que solo ellos eran los “nuevos” en el Estado. Creían que los altos funcionarios de los demás poderes del Estado iban en adelante cumplir sus funciones según las leyes y la Constitución. Creían que los funcionarios que se quedaron iban a trabajar esta vez honestamente, con eficiencia y en función de la democracia.

Pero estos gobernantes no se dieron cabal cuenta que los que se quedaron continuaban operando según la ideología y las órdenes de los exgobernantes, de sus verdaderos jefes, según las costumbres de la dictadura. Ellos eran personal de la dictadura, designados por su sometimiento y no por sus méritos profesionales y laborales.
Curiosamente, los nuevos gobernantes, pese a tener una experiencia de lucha consecuente de 14 años contra la dictadura, no tenían consciencia completa del carácter político e ideológico de las cabezas de los otros poderes del Estado que se quedaron. Estas cúpulas eran totalmente dependientes de los exgobernantes, de sus jefes, ellos eran solo subordinados cuidadosamente seleccionados.

A las pocas semanas, luego de tomar conciencia de que sus dependientes aún se encontraban en sus puestos, como de costumbre y aún agradecidos por sus designaciones, decidieron dejar México e instalarse en la Argentina. Desde allí volvieron a retomar las cosas como antes, a planificar y a dar las órdenes a sus subordinados.

Las nuevas autoridades del poder ejecutivo pensaron que los responsables de los otros poderes del Estado como los del poder legislativo (con Eva Copa y René Choque), el judicial (con Juan Lanchipa en particular y el Tribunal de Justicia), así como el Tribunal Electoral (con Salvador Romero, que se subordinó a la ex dictadura), podrían esta vez operar de acuerdo con los principios democráticos y legales. 

Pero esto no sucedió. Las cúpulas de estos poderes no darían un paso atrás hasta doblegar y destruir lo más pronto posible a las nuevas autoridades democráticas. Las cúpulas de estos poderes actúan de este modo porque aspiran a no perder los privilegios de clase y recursos de medio y largo plazo que significan formar parte de la oligarquía burocrática de Estado del gobierno anterior. Ellos no podrían actuar normalmente en un régimen democrático y sometido a leyes.

Desde su llegada a  Argentina los exdictadores diseñaron su nueva estrategia nacional e internacional para preparar un golpe de Estado contra el gobierno democrático. El golpe se realizaría de manera pacífica o violenta, por las buenas o las malas. La estrategia se realizaría de la siguiente manera: a) utilizar las cúpulas de los poderes del Estado como el legislativo (con Eva Copa), el poder Judicial (con Juan Lanchipa en particular y el Tribunal de Justicia) y el Electoral, para entorpecer, hostigar y asfixiar el funcionamiento del nuevo gobierno; y b) impedir que el gobierno democrático obtenga recursos económicos tales como préstamos internacionales, donaciones y otros.

Es esencial para el candidato del MAS, Luis Arce, que los parlamentarios de su partido obstaculicen la adquisición de financiamientos y préstamos al gobierno democrático por parte de los organismos internacionales, porque lo fortalecería y le permitiría implementar diversos programas sociales y económicos de urgencia desdeñados por el gobierno anterior (salud, educación, infraestructura, empleo, desarrollo económico, etcétera). 

Caso contrario, el MAS tendría dificultades para derrocar al gobierno democrático. En este sentido, es necesario para Luis Arce que el gobierno actual fracase en la lucha contra el coronavirus ya que un éxito lo fortalecería electoralmente. Por consiguiente es mejor si muere mucha gente.

En esta estrategia es crucial romper las buenas relaciones existentes actualmente entre el gobierno democrático con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Estas fuerzas contribuyen actualmente a la estabilidad política y social interna, así como a reducir el narcotráfico que daña a la población nacional e internacional y financia al terrorismo promovido por la dictadura anterior. Con éste fin, el MAS y Luis Arce desarrollan una campaña legislativa y de propaganda para bloquear y desacreditar a las autoridades de estas instituciones.

Además, la exdictadura utiliza simultáneamente los siguientes medios: a) los funcionarios públicos masistas de diversas entidades reciben instrucciones desde Buenos Aires para promover y organizar acciones de corrupción para desacreditar al gobierno; esto sucedió con el caso de los respiradores para la atención de los enfermos con la pandemia; b) las zonas cocaleras del Chapare y de zonas donde fabrican cocaína en El Alto (Senkata…), promueven bloqueos violentos y acciones terroristas para oponerse al gobierno en su campaña de prevensión social contra el coronavirus; c) los funcionarios medios del MAS de las instituciones públicas entorpecen las actividades gubernamentales mediante su ineficiencia y la implementación de una intensa propaganda política e ideológica contra el gobierno utilizando las computadoras de las oficinas.

Finalmente, el exdictador utiliza en favor del golpe de Estado los recursos internacionales de los gobiernos populistas de la región y del mundo (Argentina, Venezuela, Cuba, México, España, Irán, …). Diferentes organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y organismos privados (FLACSO, Foro de San Pablo, de Puebla) desarrollan intensas campañas internacionales de desinformación contra el actual gobierno.

El gobierno democrático de Bolivia se enfrenta en realidad a una poderosa fuerza nacional y transnacional, tanto política como económica y narcotraficante, con ramificaciones internacionales insospechadas.