Según se conoció, los contratos fueron efectuados por invitación directa el 2016 y 2017, y entre los objetos adquiridos está un “equipo de protección ultrasónico”. Las empresas “Constect” y “Autored” fueron contratadas a pesar de no tener autorización del Ministerio de Gobierno, para vender artículos de seguridad, según la normativa vigente en el país.

De acuerdo a documentación obtenida por Brújula Digital, la empresa “Constect” firmó un contrato el 16 de septiembre de 2016 con el exministro Arce de 3,7 millones de bolivianos. Asimismo, esta empresa cuyo rubro es la construcción, dotó los sistemas de software de seguridad por 2,4 millones de bolivianos, adicionales. De ese monto, se gastó 763.000 bolivianos en el sistema de “tarjetas de proximidad”.

Por otro lado, el entonces ministro Arce contrató a la empresa “Autored” para la compra, por contratación directa, de otros equipos de seguridad, por un monto de 841.000 dólares, lo que da el total de 6,9 millones de bolivianos.

Entre los productos adquiridos está un equipo de detección de explosivos y control de correspondencia, cuyo costo fue de 497.000 bolivianos. Otro equipo de protección ultrasónico, por 127.000 bolivianos y un detector de metales, en 209.000 bolivianos. La resolución administrativa para la adjudicación a la empresa, también obtenida por Brújula Digital, y fue suscrita el 27 de mayo de 2016.

AUTORED

En la misma publicación de Brújula Digital se destaca que la empresa “Autored”, de la que se señala está relacionada a la empresa Toyosa, estuvo implicada en el pasado en varios hechos irregulares.

Por ejemplo, el exdirector del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Marco Antonio Cuba, autorizó la compra de 365 escáneres digitales a un monto promedio de 5.144 dólares cada uno a esa empresa, cuando el mismo producto tenía un precio de mercado de 1.990 dólares según portales que ofrecen los aparatos por internet. El supuesto sobreprecio fue 751.900 dólares, o 5,2 millones de bolivianos.

En otro caso irregular es el del canal estatal Bolivia TV, en un sólo día, el 23 de diciembre de 2014, inició el proceso y adjudicó a “Autored” la adquisición de equipos por un valor de 25 millones de bolivianos. Aparte de que iniciar y concluir un proceso de compra de equipos por ese monto en un solo día es ya una irregularidad, en el contrato se identificaron otras cinco anomalías.

Arce está acusado de otros hechos irregulares, como la contratación de un software que no funcionó a favor de la Gestora de Pensiones.

El actual gerente de la Gestora, Sergio Flores, denunció que Arce, durante las jornadas de protestas de octubre pasado, gestionó la compra de un software por 11 millones de dólares, pero en realidad se trataba solamente de un alquiler.

Flores asegura que si se hubiera suscrito el contrato, el daño económico al Estado hubiera sido equivalente a esa cifra.

Según Flores, el exministro anuló una compra anterior con la empresa panameña Sysde, a la que se pagaron tres millones de dólares por una tecnología que estaba diseñada para empresas de producción de pescado, no para administrar sistemas de pensiones.

EXMINISTRO

El exministro Arce rechazó esa denuncia y advirtió que este es un nuevo intento de proscribir su candidatura y al partido que representa para las elecciones del 6 de septiembre.

“Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública la intencionalidad que tiene el Gobierno de proscribir al Movimiento Al Socialismo para que no participe en estas elecciones, de proscribir al candidato del MAS-IPSP. Han intentado amedrentarme, perseguirme desde mi llegada al país”, expresó.

Arce también es acusado por haber autorizado la entrega de más de 2.000 millones de bolivianos en procesos supuestamente irregulares y que fueron administrados por el Fondo Indígena. Ese escándalo generó que decenas de personas fueran denunciadas y detenidas, menos el propio Arce.