Medio: Nuevo Sur
Fecha de la publicación: miércoles 08 de julio de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Esas declaraciones fueron una antesala a lo que, según la imputación del Ministerio Público, ordenó desde México el 14 de noviembre, cuando ya no era presidente de Bolivia; es decir cerco a las ciudades para impedir el ingreso de alimentos.
En el Chapare
“La Codelcam se declara en estado de emergencia y movilización permanente. En caso de continuar el vandalismo y la violencia en el país, iniciar bloqueo general de caminos y carreteras, con la prohibición de ingresar alimentos a la ciudad”, señala el pronunciamiento de esa reunión, donde participó Evo Morales en la mesa principal del directorio.
En Sicaya
“En Conalcam hay un plan, estado de emergencia, movilización permanente. (Que) las ciudades dejen de perjudicar con paro. He escuchado yo, si quieren paro no hay problema, lo vamos acompañar con cercos en las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan”, manifestó Morales.
Sin embargo, El Deber revisó las determinaciones de Conalcam y la Central Obrera Boliviana (COB) el 22 de octubre y no se encontró ninguna posición oficial o escrita, de estos organismos que aglutinaban a seguidores del MAS, sobre el cerco a las ciudades, aunque avisaban de movilizaciones en todo el país.
La COB y Conalcam, reunidos en la Casa Grande del Pueblo, declararon estado de emergencia y movilización pacífica nacional en defensa de la democracia.
“Nos declaramos en estado de emergencia y movilización nacional, con una primera concentración nacional pacífica”, decía el pronunciamiento del sector, en la reunión donde también participó el entonces presidente Evo Morales.
En una conferencia de prensa en ese recinto del Estado, apoyaban la victoria electoral de Morales y denunciaban injerencia de intereses oligárquicos y privatizadores en las concentraciones y cabildos que se realizaban en todo el país.
Tampoco se evidenció prueba de que, en la reunión del 29 de octubre, Conalcam también reunida en la Casa Grande del Pueblo, determinara algún cerco. En su pronunciamiento de ocho puntos, publicada por el diario La Época, convocó a una movilización pacífica en repudio al golpe de Estado cívico-político.
Los primeros bloqueos
Pero ya, la mecha estaba encendida. El 27 de octubre, luego de la advertencia pública de Evo Morales, de cercar las ciudades donde se cumplían paros indefinidos, algunas organizaciones campesinas del municipio de Yapacaní (Santa Cruz) salieron a bloquear carreteras.
De la misma manera, lo hacían organizaciones sociales en el Chapare y en el departamento de Potosí.
El secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) afín al MAS, confirmó que, junto al Pacto de Unidad, iniciaban el bloqueo general de todas las rutas interdepartamentales a nivel nacional “para rechazar el golpe de estado” que pretendía la derecha boliviana, para “defender la democracia” y “el voto indígena del país”.
Mientras tanto, las nueve capitales reforzaban el bloqueo ciudadano pidiendo primero segunda vuelta, después nuevas elecciones y finalmente la renuncia de Evo Morales, después de que iban saliendo a la luz las evidencias de manipulación del voto.
Desde México
A través de los medios de comunicación, el 20 de noviembre se conoció que expresidente Morales ordenó desde México, donde se había asilado, luego de su renuncia pública, “que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”.
Las declaraciones están en un video que fue presentado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo en el que se escucha a Evo Morales dando instrucciones para el bloqueo y para impedir el ingreso de alimentos a las zonas urbanas.
Video
El pasado martes, el exmandatario protestó a través de un tuit, por la imputación bajo los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, que le hizo la Fiscalía de La Paz, sobre la base de peritajes a los teléfonos de Faustino Yucra (dirigente campesino a quien le dio las instrucciones de bloqueo) y de su hijo.
“De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado. Una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia”, sostuvo en su cuenta twitter.
El abogado Jorge Valda señaló que sobre el audio-grabación donde se escucha la orden de Morales para el cerco a las ciudades, se acreditó con pruebas periciales en Bolivia y Colombia, de que efectivamente es su voz y son sus instrucciones.
“Esto en derecho penal se le llama autor mediato, que es quien instiga, instruye. El que intelectualmente diseña el delito para beneficiarse de los resultados”, resaltó.



