Tribunal de Bonn apoya al TIPNIS

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una corte ciudadana que trabaja en coordinación con las Naciones Unidas y que desea darle voz a los ciudadanos del mundo sobre la defensa del medioambiente.

Este tribunal basa su trabajo en un “cambio civilizatorio” que, a diferencia del pasado, cuestiona las lógicas de desarrollo dominantes, que se basan en muchas ocasiones en acciones que afectan a la naturaleza. La idea de sus impulsores es que  sin la naturaleza  el ser humano no tiene ninguna capacidad de sobrevivir. Las personas pueden crear los más grandes adelantos e inventos, pero no pueden producir artificialmente oxígeno o alimentos en gran escala para permitir que la especie siga con vida.

En el 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, garantizando así el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. El 20 de abril de  2010, en Cochabamba, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, siguiendo una sugerencia del presidente Evo Morales, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Esta declaración plantea el derecho a la Naturaleza a existir y respetar su derecho a la regeneración y restauración integral. 

El tribunal, que este año se instala por cuarta vez en Bonn en el marco de la Cumbre del Clima (COP23), escucha  los casos desde una perspectiva socioeconómica y ecológica. Los casos que atiende son violaciones de derechos de la naturaleza en todo el mundo, visibilizando voces indígenas y afectadas de todo el planeta. Uno de los casos más importante que ha tratado es la demanda de los indígenas del Yasuní ecuatoriano, que fue aceptada por el tribunal como una potencial violación a los derechos de la Naturaleza en enero de 2014. 

Este año analizó varios casos de decisiones gubernamentales contra el medioambiente, entre ellos  el deseo de la administración de Evo Morales de construir el camino por el TIPNIS, además de los abusos cometidos contra los indígenas de esa zona y detalles sobre el operativo represivo que detuvo y dejó decenas de heridos en Chaparina en 2011.

Tras los alegatos (el jurado también tuvo acceso a la posición gubernamental), el tribunal solicitó al Gobierno que “imponga una moratoria” a la construcción de la carretera y a actividades de exploración petrolera en el TIPNIS, una de las regiones más biodiversas de Bolivia y una de las fuentes de agua dulce más importantes de Sudamérica.

Los jueces no dictaron todavía una sentencia respecto a la denuncia de los dirigentes indígenas y anunciaron que en futuras fases del proceso recabarán mayores informaciones de parte de los interesados y de las autoridades nacionales.

El tribunal también agregó que “está claro que este vital ecosistema (Amazonia), que es una reserva de vida, hogar de muchos pueblos y una parte esencial para mantener la estabilidad climática global, está siendo sometido a muchos ataques que violan su derecho para existir y mantener sus ciclos vitales. El modelo global extractivista inevitablemente genera violaciones de los derechos de la Amazonia en su conjunto y disminuye la calidad de vida de todos los organismos en la región”.

Esta primera opinión, aunque no sea de cumplimiento obligatorio, establece un respaldo muy importante para quienes desean que el trazo a través del parque y territorio indígena no se haga por su zona central y se busque más bien un diseño alternativo. Tras conocerse este primer fallo, el presidente Morales dijo: “Si no quieren, tampoco vamos a rogar”. Mejor.

Es de esperar que así sea. Aunque este tribunal no tiene incidencia política ni puede dictar como sentencia un giro en una decisión gubernamental, su peso simbólico, especialmente para Bolivia y el presidente Evo Morales que promovió su creación, son importantes.