La Cámara de Diputados aprobó, la tarde de este miércoles, el Proyecto de Ley para suspender el financiamiento estatal de propaganda política e invertir esos 35 millones de bolivianos en la protección de la salud pública.

“El pleno de la Cámara de Diputados aprueba el Proyecto de Ley N° 715/2019-2020 “Ley transitoria modificatoria de los efectos de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas””, informó la Cámara de Diputados a través de su cuenta de Twitter.

A la sesión de la Cámara Baja asistió el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien explicó los pormenores de la Ley.

El Proyecto de Ley enviado por el TSE en concreto dispone la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas para que el presupuesto asignado al fortalecimiento público (Bs 35.060.000)  sea destinado “preferentemente a la seguridad sanitaria de las personas involucradas en todas las etapas del proceso electoral”.

Romero, aseveró que la decisión de reasignar los recursos de la propaganda electoral fue aceptada por las organizaciones políticas, hecho que, dijo, debe ser valorado y reconocido.

Asimismo, explicó que el TSE recomendó que los recursos del Fortalecimiento Público queden consolidados dentro del presupuesto electoral de 201 millones de bolivianos validado a principios de año, de manera que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) requeriría únicamente un adicional de Bs 14 millones para cubrir los requerimientos para llevar adelante un proceso electoral seguro desde el punto de vista de la salud para todos los actores que intervengan en las tareas preparatorias y en la misma jornada de votación.

Una vez efectuados estos ajustes y adiciones al presupuesto, el costo global de la elección 2020 ascenderá a 215 millones de bolivianos, inferior en aproximadamente 12% al presupuesto de la elección de 2019.

Las elecciones en Bolivia debían desarrollarse el pasado 3 de mayo, pero fueron postergadas a raíz de la pandemia del coronavirus.

Así, tras varias polémicas, finalmente el TSE acordó con las organizaciones políticas que las elecciones sean el 6 de septiembre, fecha que se hizo oficial tras la promulgación de la Ley de Postergación de los Comicios.