Ese año se cree que el presupuesto de toda la publicidad estatal, incluido el  de las empresas públicas, ascendía a unos 10 millones de dólares al año. Al concluir su gestión en 2020, ese presupuesto puede haber bordeado los 150 millones de dólares, según algunas estimaciones. Se gastaron, entre 2010 y 2018, 750 millones de dólares, según el investigador Julio Linares, sin contar con la publicidad de las empresas estatales como YPFB y Entel, que tenían ampulosos presupuestos de propaganda.

Los bolivianos lo sabíamos muy bien. Gigantografías, cuñas radiales, avisos de prensa, spots de televisión ahogaban a la ciudadanía con una persistente y machacona propaganda a favor del gobierno y de su líder, con lo que gestaba un desagradable y peligroso culto a la personalidad.

Junto con aumentar los montos para propaganda, el gobierno anterior centralizó su entrega y prohibió a las diferentes oficinas públicas dar contratos a los medios incómodos. Este diario, por ejemplo, no recibió ni un dólar de esa publicidad, mientras otro periódico paceño, como La Razón, obtuvo, según se estima, entre uno y dos millones de dólares por año. El gobierno tuvo éxito en su plan: gracias a esta manera de entregar recursos, la mayoría de los medios prefirió omitir las críticas a cambio de conseguir parte de la ansiada “pauta estatal”.

Ese perverso sistema de control mediático es usado en otros países, Bolivia no es ni de lejos su inventor. En el país se aplicó también en el pasado, pero sin la eficacia del régimen anterior. De manera inesperada, un fallo del Tribunal Constitucional tiene el potencial de cambiar aquello. Aunque todavía falta alguna reglamentación, la sentencia podría ser el inicio de una etapa en la que el Estado no tenga posibilidad de disponer discrecionalmente de esos recursos, que son estatales. El fallo, que se emitió tras una demanda presentada por los trabajadores de PAT, establece que el Estado debe entregar la publicidad de manera “equitativa e igualitaria” a los medios.

Hasta ahora el fallo no ha ocasionado ningún cambio, pero debe ser tomado por los periodistas y otros activistas de derechos humanos que defienden la libertad de expresión como el inicio de un proceso que debería concluir con una sólida norma que de una vez ponga fin al uso arbitrario de estos fondos estatales para que cada uno reciba en función a su audiencia y no a su lealtad.