Las dos empresas contratadas, Constec y Autored, no tenían autorización del Ministerio de Gobierno para vender artículos de seguridad, como establece la norma.

Sólo en vidrios blindados y reforzados, el ministro firmó un contrato con Constec por 3,7 millones de bolivianos, según documentos obtenidos por Brújula Digital. Esa misma empresa constructora proveyó los sistemas de software de seguridad, por otros 2,4 millones de bolivianos, entre los que destaca 763.000 bolivianos en el sistema de “tarjetas de proximidad”, según el contrato firmado por Arce el 13 de septiembre de 2016.

Arce dejó el despacho que ese Ministerio había tenido por años en el palacio de telecomunicaciones y habilitó un edificio, en el Prado de La Paz, que estaba a medio construir.

Para finalizar las obras el estado erogó 104 millones de dólares en la construcción. En el acto de inauguración, manifestó que “el único lujo que tenemos en este edificio es el de nuestros profesionales bolivianos que trabajan en nuestra institución”.

Sin embargo, después se supo que Arce había ordenado incorporar otros lujos, como alfombras persas y muebles importados, que tuvieron un costo de más de 10 millones de bolivianos. Ahora se suman los 6,9 millones en vidrios blindados y seguridad.

El ministro Arce también autorizó la contratación de la empresa Autored para la compra, por contratación directa, de otros equipos de seguridad, por un monto de 841.000 dólares, lo que da el total de 6,9 millones de bolivianos.

Entre los productos vendidos por Autored, se destaca un equipo de “detección de explosivos y control de correspondencia”, a un costo de 497.000 bolivianos. Otro equipo “de protección ultrasónico” le fue vendido al Ministerio en 127.000 bolivianos y un detector de metales, en 209.000 bolivianos. La resolución administrativa para la adjudicación a la empresa, también obtenida por Brújula Digital, fue suscrita el 27 de mayo de 2016.

• La polémica empresa Autored

Autored, de la que se señala está relacionada a la empresa Toyosa, estuvo implicada en el pasado en varios hechos irregulares. Por ejemplo, el exdirector del SEGIP, Marco Antonio Cuba, autorizó la compra de 365 escáneres digitales a un monto promedio de 5.144 dólares cada uno a esa empresa, cuando el mismo producto tenía un precio de mercado de 1.990 dólares según portales que ofrecen los aparatos por internet. El supuesto sobreprecio fue 751.900 dólares, o 5,2 millones de bolivianos.

En otro caso irregular, el canal estatal Bolivia TV, en un sólo día, el 23 de diciembre de 2014, inició el proceso y adjudicó a Autored la adquisición de equipos por un valor de 25 millones de bolivianos. Aparte de que iniciar y concluir un proceso de compra de equipos por ese monto en un solo día es ya una irregularidad, en el contrato se identificaron otras cinco anomalías.

Arce está acusado de otros hechos irregulares, como la contratación de un software que no funcionó a favor de la Gestora de Pensiones. El actual gerente de la Gestora, Sergio Flores, denunció que Arce, durante las jornadas de protestas de octubre pasado, gestionó la compra de un software por 11 millones de dólares, pero en realidad se trataba solamente de un alquiler. Flores asegura que si se hubiera suscrito el contrato, el daño económico al Estado hubiera sido equivalente a esa cifra.

Según Flores, el exministro anuló una compra anterior con la empresa panameña Sysde, a la que se pagaron tres millones de dólares por una tecnología que estaba diseñada para empresas de producción de pescado, no para administrar sistemas de pensiones.

• Descargos del exministro

El exministro rechazó esa denuncia y advirtió que este es un nuevo intento de proscribir su candidatura y al partido que representa para las elecciones del 6 de septiembre.

“Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública la intencionalidad que tiene el gobierno de proscribir al Movimiento Al Socialismo para que no participe en estas elecciones, de proscribir al candidato del MAS-IPSP. Han intentado amedrentarme, perseguirme desde mi llegada al país”, expresó.

Arce también es acusado por haber autorizado la entrega de más de 2.000 millones de bolivianos en procesos supuestamente irregulares y que fueron administrados por el Fondo Indígena. Ese escándalo generó que decenas de personas fueran denunciadas y detenidas, menos del propio Arce.