Los  derechos fundamentales como componentes del orden jurídico son  la expresión jurídica de valores y libertades de todas las personas, sin discriminación alguna, donde la separación de poderes y la dignidad humana son importantes para garantizar  su eficacia. 

Todos los ciudadanos bolivianos en igualdad de condiciones tienen derecho a una vida digna y el Estado y sus instituciones tienen la responsabilidad de garantizar todos los derechos que derivan de  su dignidad.

El papa Benedicto XVI en el Angelus de 28 de septiembre de 2008 dijo: “La vida y el amor de Dios es un premio inestimable que supera cualquier fatiga”. 

Sucede que, en  las últimas semanas  hemos sido testigos de una cadena de leyes dictadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se encargará en su momento de interpretar si  están en armonía con la Constitución o, por el contrario, si se  muestran como “superpoder”, destruyendo la democracia.

Por lo que respecta a los títulos o potestades que la Constitución y las leyes le encargan al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados, son mandatos de responsabilidad constitucional y legal ante la población boliviana; de modo que, bajo el principio de independencia el órgano colegiado compuesto por siete vocales y cuyo presidente es Salvador Romero Ballivián, ciertamente, no  quiere decir que esté sujetado a su mandante, pero sí tiene la responsabilidad de cooperación y coordinación con el Poder Ejecutivo en el tema del proceso electoral y otros de su competencia.

Ahora mismo, tenemos un TSE  al que la sociedad le exige que tiene que apartarse de la figura dominante del régimen siniestro de Evo Morales, que hizo fraude a la democracia y, por eso, es que el anterior Tribunal Electoral Nacional y los Tribunales departamentales están con procesos penales y varios de ellos se hallan con detención preventiva en la cárcel. ¿Qué pruebas más quiere Salvador Romero para cancelar la personería del MAS y la inhabilitación de Luís Arce Catacora? 

Promover un proceso electoral bajo el rótulo de concertación con los partidos políticos, es una verdad a medias, porque los protagonistas de la democracia: comité cívicos, el CONADE, las plataformas ciudadanas, federación de profesionales, gremiales, organizaciones de la sociedad civil, universitarios, entre otras, no fueron convocados para  emitir su opinión y debatir el proyecto de ley convertido en Ley de Elecciones Generales para el 6 de septiembre de 2020.

Cómo se puede concebir la Ley, si la población boliviana está decidida a luchar prioritariamente por la salud, vida y alimentación, en momentos tan dramáticos. 

Para el TSE, ¿cuáles son los argumentos jurídicos para ponderar que primero están las elecciones y en patio trasero están los valores vitales de las personas? 

Se podrá decir que el TSE tiene poder legítimo, pero lamentablemente, lo está ejerciendo sin criterios de ponderación,  conduciendo a la población bajo el signo de supuesta certeza, directamente a hospitales colapsados, a salas de unidades de terapia intensiva (si es que hay) y a los campos santos, donde los familiares ni siquiera tienen derecho de despedir cristianamente a sus seres queridos. 

En otros términos no valora la fragilidad progresiva ni el balance de los valores.

Al minimizar la realidad, el dolor humano y el esfuerzo valiente de nuestros médicos, enfermeras, laboratoristas, auxiliares, choferes, policías y Fuerzas Armadas que están en primera línea para salvar vidas humanas y hacer cumplir las medidas de cuarentena, Salvador Romero ante la Comisión de las Cámaras de la ALP informa: “El TSE garantiza una elección con solidez técnica, imparcialidad política y con protección de la salud”. 

La prensa mundial reporta que países donde se ha invertido en investigaciones científicas sobre las endemias y pandemias en el excursus de la historia,  como  Taiwan, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, han logrado controlar el virus y hay otros que con mayor tecnología y protocolos de bioseguridad incluso están enfrentando rebrotes. 

Por tanto,  ¿Cómo el presidente del TSE va a garantizar que no se expanda el coronavirus?, si del total de la población boliviana, que aproximadamente son 12 millones, 7.315.364 son votantes,  de los que 341.001 sufragarán en el exterior, concentrando la mayor cantidad en Argentina, España, Brasil y Chile; países donde los índices de contagios son elevados.  El presupuesto  en bioseguridad para jurados y notarios es de 9.342.500 millones de bolivianos.

En la anterior elección, que fue anulada por fraude del MAS, se designaron 195.722 jurados electorales para 30.760 mesas de sufragio, se movilizaron para seguridad 20.240 policías y 11.050 militares de las FFAA, haciendo un total de 237.012 personas.

 ¿Cómo se garantizará el distanciamiento social? Y si luego de 5 a 10 días post elecciones algunos votantes presentan síntomas de Covid-19, ¿el TSE asumirá los gastos de internación y recuperación? Y si fallece, ¿quién pagará el seguro? Los jubilados del país alcanzan a más de 300 mil personas, por ser los más vulnerables optarán lógicamente por no asistir a las elecciones y el ausentismo sospecho que será masivo, por dos elementos: primero que las familias decidirán cuidar su vida y salud;  y segundo porque el padrón electoral no ha sido auditado técnica y científicamente y no se ha efectuado una redistribución de la población en las 63 circunscripciones uninominales,  pese a que el TSE tiene toda la potestad legal para recobrar su autonomía plena en aplicación de los arts. 11.I, II.2, 12.I y 146.V CPE). 

Por estas razonamientos, fijar fecha cuando el pico más alto llegará a 130.00 en la primera quincena de septiembre, es una decisión de locura e ilusa o, una sumisión sospechosa de encubrimiento. El jurista (Canale, Damiano, 2018: 194) dice: “La democracia y el Estado de derecho encarnan los valores del género Legislación y Constitución”.