El denominado caso terrorismo data del 20 de octubre de 2019, cuando el Ministerio Público abrió de oficio la investigación contra Morales por una llamada telefónica en la que se le escucha instruir al dirigente Faustino Yucra “cercar y dejar sin alimento a las ciudades”. 

El lunes, la Fiscalía decidió imputar formalmente a Morales por ese caso, además de solicitar su detención preventiva. 

Ayer, las bancadas del MAS de los nueve departamentos calificaron la imputación como ilegal, inconstitucional y política, porque –argumentaron- Morales “no fue notificado” por ningún acto procesal en ningún momento. 

“No lo citaron a ninguna declaración informativa, porque sabemos que está fuera del territorio y la ley especifica que para que exista imputación tiene que estar notificado y debe existir una declaración informativa”, dijo la diputada Betty Yañíquez.  

La legisladora indicó que esta imputación surge ante el miedo del Gobierno a las encuestas, que reflejan el “apoyo el pueblo al MAS”, dado que -aseguró- lidera las encuestas. “La intención es proscribir al MAS y desprestigiar al instrumento político”, aseguró. 

   Respiradores y fraude 

Pero no es sólo ese tema que cerca al expresidente, también Morales está acorralado por los casos respiradores y el fraude electoral en los comicios fallidos del 20 de octubre de 2019 (20-O). 

El caso de la compra irregular de los 170 respiradores españoles estalló en abril. Son investigados el exministro Marcelo Navajas y otros funcionarios. No obstante, el 25 de junio la causa dio un viraje debido a que después de una pericia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se reveló que el “testigo clave”, Luis Fernando Humérez, se habría contactado varias veces con Morales  y otros dirigentes de su cúpula.

Después que se dieran a conocer esos datos, el 30 de junio, el Gobierno amplió la denuncia y apuntó contra el expresidente Morales, la exministra de Salud  Gabriela Montaño, el exministro de Gobierno  Carlos Romero  y el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez. 

“La denuncia se ha ampliado por los posibles delitos de autoría mediata, enriquecimiento ilícito (…). Asimismo, (la denuncia) se ha ampliado por organización criminal vinculada a hechos de corrupción”, dijo entonces el viceministro de Transparencia, Guido Melgar. 

Un tercer caso que acorrala a Morales es el de fraude en el 20-O. La auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) identificó “manipulación dolosa” en las actas y en el procesamiento del resultado.  

A la investigación que se venía desarrollando en torno a ese caso por el Ministerio Público -que se activó cuando se conoció detalles de la auditoría- el 12 de febrero el candidato Carlos Mesa pidió la ampliación de las investigaciones y apuntó contra Morales como autor intelectual del fraude electoral. De forma reciente, el 15 de junio, el TSE interpuso una querella por el fraude electoral “contra quienes resultaran culpables de la emisión de delitos electorales”

Diputados del oficialismo exigieron que Morales “dé la cara” ante la justicia nacional. En ese marco, el diputado Alberto Vaca  manifestó que el exmandatario debe retornar al país y responder ante la justicia. “En una oportunidad dijo que el que huye es un delincuente confeso”, sostuvo Vaca, quien aseguró que el expresidente debe explicaciones al país por lo que hizo.

Por su parte, el diputado Tomás Monasterio se dirigió al mandatario argentino, Aníbal Fernández, para pedirle que ponga a disposición de la justicia boliviana a Morales. “Los delitos de narcotráfico y terrorismo están calificados como delitos de lesa humanidad, encubrirlos los hace cómplices”, aseguró Monasterio.