La defensa del exmandatario aseveró que la acusación es “un disparate” y  las Seis Federaciones del Trópico se declararon en emergencia.

Según la imputación formal, a la que accedió Los Tiempos, la comisión de fiscales, compuesta por Ruddy Terrazas, Luis Fernando Atanasio y César Choquehuanca, apunta además a al menos 15 personas que habrían participado del hecho y a otros cinco coimputados.

La imputación pide seis meses de detención preventiva para el expresidente, porque el imputado podría influenciar en los partícipes, además que no se tiene información sobre su actividad actual.

El documento identifica 179 indicios, actuados y pruebas, entre las más importantes están declaraciones de los imputados, informes técnicos de las llamadas, y pericias técnicas a celulares, además de otros elementos.

La Fiscalía pide detención preventiva porque Morales podría influir sobre otros partícipes, como los coimputados Fernando Morales Virreyra, Luis Hernán Soliz Morales, Patricia Hermosa Gutiérrez y Faustino Yucre Yarwi, actualmente con detención preventiva.

Los denunciantes son la senadora Carmen Eva Gonzales, el ministro de Gobierno Arturo Murillo, el dirigente cívico Rómulo Calvo Bravo, los abogados Enrique Ferrufino y Lorenzo Urey, además de la dirigenta y viceministra Gabina Condori.

Entre los 179 indicios presentados por la Fiscalía están el audio y el video en los que se escucha al exmandatario decir: “Hermano que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad (...)Desde ahora va a ser combate, combate, combate”.

El video, que dura 3 minutos y 18 segundos,  fue grabado por Alejandro Yucra mientras su padre, Faustino, hablaba con Evo Morales la noche del 14 de noviembre de 2019.

“Estas aseveraciones tuvieron su efecto tomando en cuenta que el ejecutar un cerco a las ciudades fue un acto terrorista direccionado por Evo Morales (...) contra la seguridad interna del país causando pánico colectivo, ligado a combatir un alzamiento armado generando temor, muerte y heridos en el eje central del país”, señala parte de la imputación.

Otro elemento de convicción es la pericia de comparación o cotejo de voz que se solicitó al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de Colombia, y que en su informe conclusivo señala que “la voz masculina que responde a “Presidente Evo Morales” y “Presidente” tiene una alta probabilidad de identificación”.

Otro indicio colectado por la Fiscalía es la triangulación de llamadas del celular de Faustino Yucra, que registra salida y entrada de llamadas  desde El Torno (Santa Cruz) a y de un número de México, sobre todo el 14 de noviembre a las 22:37:48, además de otros dos contactos el 12 de noviembre y el 17 de noviembre, al mismo número de México.

También hay una serie de llamadas entre Morales y los otros coimputados, sobre todo su exjefa de gabinete, Patricia Hermosa.

15 PARTICIPANTES

El documento de imputación señala la participación y se pide la declaración de Jhonny Pardo, Grover García, Feliciano Vegamonte, Andrés García, Max Romero, Benito Céspedes, Humberto Sánchez, Olivia Guachalla, Leoncio Jancko, Benjo López, José Luis Quiroga, José Luis Quiroz, Sandra Cartagena, Norma Fernández, Javier Juchani y Juan Carlos Juchani.

Además, menciona que deben declarar los exministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta, actualmente asilados en la Embajada de México; y el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.

MAS RECHAZA Y COCALEROS SE DECLARAN EN EMERGENCIA

Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, abogados de Evo Morales en Argentina, emitieron un comunicado en el que aseguraron que la imputación contra el exmandatario por el caso audio constituye la enésima evidencia “del estado policial de Bolivia”.

“Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención. No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente, nuestro defendido”, indica el comunicado.

Zaffaroni aseveró que el Gobierno de Jeanine Áñez busca postergar las elecciones y proscribir al MAS.

Sin embargo, aseveró que no hay peligro sobre una solicitud de extradición, porque la acusación es un hecho político.

En tanto, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon en emergencia ante cualquier intento de detener a su máximo líder.

La organización social aseveró que la imputación es ilegal y que el caso es una manipulación política del Gobierno contra el MAS

“Declaramos alerta máxima a cualquier intento de detención de nuestro hermano Evo Morales que se encuentra asilado en Buenos Aires — Argentina”, señala el pronunciamiento.