La opinión pública se ha quedado asombrada al observar con qué facilidad fueron liberados tres ex ministros del gobierno anterior que tienen cuentas pendientes con la justicia. No se trata de casos menores, sino de graves hechos de corrupción que ocasionaron daños multimillonarios al Estado. Un mismo funcionario judicial fue el que tomó la decisión de sacar de la cárcel a los imputados y poner en peligro la investigación y el esclarecimiento de hechos que fueron emblemáticos durante los 14 años del “proceso de cambio”, que elevó la corrupción a niveles alarmantes, al punto de convertirse en el principal causante de la pérdida de popularidad del cocalero.

Lamentablemente, lo que hemos visto recientemente es apenas la punta del iceberg, porque en realidad, el aparato que construyó el MAS para garantizar la impunidad, para perseguir y para apadrinar los abusos y los malos manejos, se encuentra intacto y está funcionando a la perfección a favor de la dictadura que día a día escala peldaños en la recuperación del poder.

Paralelo al boicot que se ejecuta desde la Asamblea Legislativa, los tribunales están haciendo un trabajo de relojería a favor del régimen anterior. Recientemente, el viceministerio de Transparencia, denunció que, con la excusa de la cuarentena, el Órgano Judicial ha paralizado al menos 60 casos de corrupción en contra del MAS, cuyo daño representa alrededor de 800 millones de dólares. Entre los procesos se encuentran grandes escándalos como el caso de los taladros chinos donde está en juego la recuperación de 60 millones de dólares; el Fondo Indígena (170 millones); caso neuronas (13 millones); helicópteros chinos, (108 millones); Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), 60 millones; Dora Vallejos, (150 millones); y el caso del fraude electoral (217 millones de dólares.

Pero hay algo peor que eso. La misma autoridad ha denunciado que, a través de instructivos específicos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha encargado de obstaculizar importantes investigaciones sobre los hechos de corrupción del gobierno de Evo Morales, producto de ello, varios procesados obtuvieron su libertad o la detención domiciliaria.

En este contexto, no es de extrañar que la orden de captura emitida contra el cocalero adolezca de graves fallas de procedimiento que impiden su ejecución o que la Fiscalía haya demorado cuatro meses en emitir una denuncia formal por terrorismo contra Evo Morales, pese a que las pruebas en su contra son contundentes y fueron debidamente certificadas por un organismo internacional. En estas condiciones, la gente vive engañada pensando que la democracia progresa, cuando sigue en las mismas condiciones del pasado.

Paralelo al boicot que se ejecuta desde la Asamblea Legislativa, los tribunales están haciendo un trabajo de relojería a favor del régimen anterior. Recientemente, el viceministerio de Transparencia, denunció que, con la excusa de la cuarentena, el Órgano Judicial ha paralizado al menos 60 casos de corrupción en contra del MAS