Esa es una de las grandes contradicciones que sufre el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional a raíz de haber instaurado un gobierno bicéfalo. El caso salta a la vista en estos momentos en que la presidencia de Jeanine Áñez es acosada por una ofensiva del bando opositor, la pandemia del virus chino, la herencia de desorganización y corrupción, sin hacer referencia a las grandes maniobras de origen externo que tienen cercado al país, cuyas riquezas miran como vampiros sedientos con los colmillos afilados, para apoderarse de ellas, como ocurrió en los catorce años pasados.

De millones de pesos bolivianos la oposición dispone a manos llenas, que llegan a diario a bolsillos de los conspiradores desde el momento en que los órganos Legislativo, Judicial, altos organismos del Estado y todas las empresas públicas quedaron en poder del partido defenestrado en noviembre, posiciones que están utilizando y que no quieren dejar, por la costumbre adquirida en catorce años de desgobierno, despilfarro y corrupción.

El Estado paga jugosos sueldos y salarios a altos, medios y bajos funcionarios masistas y éstos no vacilan en atacar al gobierno de Jeanine Áñez que, mediante ley, les garantizó mantenerse en sus cargos y en función de Poder en enero pasado, actitud generosa adoptada de buena fe por las nuevas autoridades, confiando que los opositores remachados en sus cargos actuasen correcta y lealmente. Esa posición de la primera mandataria --según el ministro de Gobierno, Arturo Murillo-- consistió, en forma textual, cuando le instruyó “trabajemos en unidad, saquen solamente a la gente. No hagan un barrido de masistas” (ERBOL), instrucción que el ministro calificó de “grave error” y aún no ha sido rectificada.

Al presente, la oposición apoltronada en el Órgano Legislativo, con los fondos que les provee generosamente el Poder Ejecutivo, arrincona y acosa a la presidenta Jeanine Áñez y, a la vez, presiona para que renuncie a su cargo y lo deje en manos de su aliada de la víspera, la actual presidenta del Senado, hecho que significaría el retorno de la autocracia con su secuela de abusos contra la democracia, el Estado y el pueblo.

Esa afirmación de quienes caminan en las calles, en sentido de que el gobierno financia la conspiración del MAS, es objetiva y de fácil comprobación, como demuestran los hechos. En efecto, como un caso entre muchos, recalcitrantes diputados y senadores opositores tienen cada uno sueldo de 22.525 bolivianos (sin contar cartas y espadas) al mes, es decir lo que gana un obrero en un año, suma de la que no quieren aportar un porcentaje adecuado para combatir al virus chino. Por otro lado, la suma total destinada a financiar el funcionamiento ilegítimo del actual Parlamento llega a cerca los 35 millones de bolivianos, suma que los asambleístas utilizan para oponerse a aprobar créditos extranjeros, conspirar, detener y desprestigiar al país, frenar inversiones y esperar el momento para volver al poder y obrar para su beneficio.

Así tenemos que, en gran medida, el gobierno ingenuamente financia a la oposición conspiradora que le quiere sacar de la presidencia para regocijo de Maduro, López Obrador, Fernández y Cía.