Explicó que ya se tienen listas las citaciones para que las personas “sindicadas en varios hechos de corrupción” se presenten esta semana a prestar sus declaraciones informativas ante la Fiscalía Anticorrupción.

“Considero que estas declaraciones pueden dar mayores luces sobre la investigación y la participación de varios de los funcionarios públicos que han estado a cargo del proceso de contratación y además de particulares que aparentemente han intervenido en los procesos de contratación, que no son de la empresa, y aparentemente están vinculados al entorno familiar del alcalde (Leyes)”, detalló Veizaga.

Explicó que incluso se cuenta con información sobre otros funcionarios públicos que no tuvieron una participación directa en el proceso de contratación, pero que si habrían tenido alguna relación con el “direccionamiento” para la adquisición de las mochilas escolares.

“Estamos hablando de un entorno cercano a la familia del Alcalde de Cochabamba. Seguramente que en el transcurso de los días se van ya a sacar a la luz pública sus nombres (...). Estamos hablando de un promedio de 15 a 20 personas. Todas las personas que estén involucradas, familiares cercanos o cualquier particular que haya tenido influencia en el proceso de contratación, tiene que ser citados”, agregó.

Con relación a algún grado de participación de los familiares de leyes en la compra anticipada con sobreprecio de las mochilas escolares, dijo que aún es prematuro pero que “en apariencia han tenido alguna participación”.

El 23 de abril, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, presentó una demanda penal ante la Fiscalía contra el alcalde de Cochabamba por la presunta compra con sobreprecio de 10 millones de bolivianos, de 91.300 mochilas escolares para la gestión 2018.

Veizaga denunció el 27 de abril ante el Ministerio Público a Leyes, a dos exsecretarios y nueve funcionarios presuntamente involucrados en la compra con sobre precio de mochilas la gestión 2017, un nueva investigación llamada “mochilas II”.

Leyes se encuentra con detención domiciliaria, se le impuso el arraigo, una fianza de 200 mil bolivianos, prohibición de acudir a la Alcaldía y hablar con funcionarios.

La autoridad edil es procesada por cinco delitos vinculados al presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos y la adjudicación irregular de más de 91.000 mochilas escolares para la gestión 2018.

Los delitos por lo que Leyes fue imputado son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Finalmente, Veizaga dijo que Leyes deberá ser uno de los citados a declarar por el caso de la compra municipal de las mochilas de 2017 (mochilas II) para garantizar su derecho a la defensa.