En las elecciones generales llevadas a cabo el 18 de diciembre de 2005 (2006-2009), la población alcanzó a 8.923.609, de los cuales 3.671.152 fueron votantes, que significa el 41,14%. Evo Morales, fue elegido Presidente de olivia con el 54%.

En el acto eleccionario general del 6 de diciembre de 2009 (2010-2015), el país tenía 9.572.893 de habitantes, 5. 859.440 habilitados para votar, que representa el 61,2% de la población total (en vigencia de la nueva Constitución de 7 de febrero de 2009). Evo Morales, ganó la elección con el 62% y no hubo segunda vuelta por la diferencia de más del 10% con relación al segundo.

En el momento eleccionario del 12 de octubre de 2014 (2015-2019), se tenía 10.384.498 de habitantes, 6.243.168 habilitados para sufragar, que se expresa en el 60,12 % de la población boliviana. Evo Morales, fue declarado ganador con el 61,36 %.
En las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 (2020-2025) anuladas por el fraude electoral del MAS-IPSP, acreditados por los informes preliminar y oficiales de la OEA y UE, detonante para la huida de Evo Morales, el país tenía 11.307.314 de población, 7.315.354 inscriptos para votar, lo que representa el 64,69% de toda la población. Este robo descarado a la democracia debió dar curso a la –disolución del MAS-IPSP- como organización política y la ilegitimidad e ilegalidad de los senadores y diputados del régimen.

Siguiendo este panorama de la historia electoral, cuyo crecimiento de votantes se produce significativamente a partir de la vigencia de la Constitución de 2009, sorprende que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) siga afirmando que actúa de acuerdo a la ley, verbigracia del: 2002 al a 2005 la población creció en 5,77 %; 2005 a 2009 en 7,27%; 2009 a 2014 la población se incrementó en 8,48% y del 2014 a 2019 en un 8,88%. Por tanto, se demuestra que mientras la población boliviana creció en un 30,40% a partir del 2002 hasta el 2019, los votantes para las elecciones generales del 6 de septiembre de 2020 –en plena pandemia-, más que probable superarán el 70%, lo que generaría un nuevo escenario para el fraude, si en la República de Paraguay donde tienen más de 7 millones de habitantes sólo el 57% votaron en las últimas elecciones generales. Estas manchas disfuncionales, son las que deben asumir por responsabilidad el Tribunal Supremo Electoral.

(Calvet, Marc Santjaume, 2019:230) dice: “Si las condiciones materiales del conflicto democrático en crisis no se modifican, desembocan en un ahondamiento del problema, una mayor radicalización y relativización de la Constitución”.