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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 06 de julio de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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La imputación se hizo conocer hoy, más de cuatro meses después que llegara el informe del Centro Tecnológico de Investigación (CTI) de Colombia que verificó la autenticidad de la voz de Morales. Y tres meses después que el coacusado Faustino Yucra fuera aprehendido en el departamento de Chuquisaca.
El 20 de noviembre, diez días después que Evo Morales abandonara la presidencia del país, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo presentó un video en el que se escucha una conversación entre el dirigente Yucra y el exmandatario. Desde ahí se abrió el caso y la Fiscalía no se había pronunciado hasta hora.
El Ministerio Público evidenció que la llamada se produjo el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México hasta El Torno - Santa Cruz. Aparentemente, en esa conversación, Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019.
De acuerdo con el reporte de triangulación de llamadas a las líneas telefónicas de ambos imputados, realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (ITTCUP), Morales y Yucra se habrían comunicado en al menos dos ocasiones más, entre el 12 y 17 de noviembre de 2019. Asimismo, mediante una pericia informática, se encontró en el teléfono de Alejandro Yucra, hijo de Faustino, el video que se hizo viral en redes sociales en donde su padre habla por teléfono, supuestamente, con Evo Morales.
Aunque el informe del CTI no es concluyente sobre la voz de Morales, porque el informe señala que existe “una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma”, los fiscales avanzaron en la investigación y hasta el momento se tiene a dos personas tras las rejas, ambos de la familia Yucra.
Paralelamente al proceso, la Fiscalía tramitó ante la Interpol el sello rojo contra Morales, sin embargo, el trámite fue rechazado por el ente policial y en mayo de este año, la Fiscalía seguía esperando que ese pedido prospere.



