Entonces la pandemia postergó muchas ilusiones en la escena política, y el gobierno de Jeanine Áñez, constitucional desde cualquier óptica prudente que se lo vea, también ha contribuido a matar los sueños de muchos bolivianos que la vieran asumir la Presidencia con esperanzas de libertad que cada vez se hace más restringida, si nos ponemos a pensar en que libertad importa también la elección irrestricta de los gobernantes. Después de catorce años en que los bolivianos creyeron lejanos sus sueños de reivindicar derechos bajo un régimen tiránico al mando del innombrable, la legalidad incuestionable del gobierno transitorio va tornándose en ilegitimidad.

Todo parece confabular contra la gestión de un gobierno que estaba llamado a marcar un hito en la historia, parecido al del Gral. Guido Vildoso, remontándonos al último referente en cuestión de recuperación del ejercicio irrestricto de las libertades y garantías. La presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario es para la jurisdicción, porque para la percepción del ciudadano, los esfuerzos por ocultar varios casos de corrupción parecen ser infructuosos. La doble condición de Presidenta-candidata, sumerge al país en un mar de dudas, porque es imposible separar un rol del otro. Discernir la obligación que el Estado tiene, de mejorar las condiciones de vida del pueblo, es difícil, porque en las acciones que se hace en esa dirección, existe implícitamente un proselitismo encubierto que el elector no termina de digerir. Hay que añadirle a la gestión varios errores que, de no ser por la aspiración electoral de Áñez, podrían haber sido objeto de censuras menos agrias. Por eso ningún sistema constitucional, por lo menos en Latinoamérica, debe prever una reelección.

Al frente está el lóbrego masismo, que de desconocer derechos humanos y políticos, cometer abusos, corrupción a raudales, racismo y despilfarro sin precedente, ha sufrido una conversión prodigiosa para pasar al lado de los que defienden las buenas causas. Claro, su modus operandi no ha cambiado mucho, sino en la medida del poder que detentan, porque sus ilegítimos dos tercios que aún controlan el Parlamento, sólo por cálculos políticos frenan leyes que el país clama y aprueban las que hacen a su talla. El MAS todavía decide y, para ello, cuenta con sólidos aliados en la Fiscalía y Contraloría General del Estado, en todos los niveles de la justicia y en la Defensoría del Pueblo.

Las arengas para bloquear alimentos a las ciudades, las acciones violentas de los militantes del MAS, el sabotaje de los cocaleros del Chapare a la cuarentena, la voladura de antenas de telecomunicaciones; y, por otro lado, las protestas de artistas, las de autoridades medias por falta de recursos para combatir la pandemia, la pobreza hospitalaria, las huelgas de médicos en medio de la hecatombe; unos y otros confluyen para que la golpeada Bolivia de siempre esté sumida en una crisis sanitaria y política, enrumbándose a paso firme a una crisis económica.

El debate sobre la prelación de la salud o las elecciones no tendría que existir. Por supuesto que preservar la vida humana no tiene parangón, pero ¡cuidado!, tampoco se puede exponer la democracia con la continuidad indefinida de un gobierno y, sobre todo, un Parlamento que no representan la voluntad popular.