El concejal Carlos Coca (Demócrata) denunció el viernes probables irregularidades en la contratación por el “Servicio de lecturas y actualización del catastro comercial gestión 2018” a cargo de la empresa Microlec, ya que su representante legal, Ricardo Orellana, fue a la vez designado como peón dos en Semapa. “Asimismo se conoce que la Fundación Aguatuya y la empresa Microlec es del mismo representante legal, Gustavo Heredia, es decir que el diseño, ejecución y provisión de material está atribuida a una misma persona”, dijo Coca y destacó que este punto vulneró lo estipulado en la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco) (ver infografía).

Al respecto, el gerente de Semapa, Gamal Serhan, quien estaba de vacaciones, se presentó ante la prensa ayer para desmentir las denuncias de irregularidades. También descartó que fuera alejado del cargo. Su continuidad será evaluada por la Alcaldesa. “Todos los proyectos que hemos ejecutado como Semapa han estado enmarcados en la normativa y se han hecho de manera transparente, yo puedo dar fe de eso y si es necesario voy a estar ante cualquier instancia para ser investigado”, apuntó Serhan. Acotó que sólo un proyecto de una planta de tratamiento de agua para el Distrito 9 fue diseñado por la Fundación Aguatuya y que ésta no fue ejecutada por causas sociales.

Por su parte, el miembro del directorio de la Fundación Aguatuya y representante legal de la empresa Plastiforte, Gustavo Heredia, dijo: “Aguatuya es sin fines de lucro y sólo diseñó un proyecto, mientras que Plastiforte ganó dos licitaciones de seis a las que se presentó entre 2016 a 2017 y se cumplió con todo lo establecido”.

Ante las denuncias, el directorio de Semapa solicitó a la Unidad de Transparencia y Auditoría Interna, la documentación de los casos y establecer responsabilidades.

En tanto, el concejal Jiménez, quien denunció otros casos de irregularidades por la contratación de seis consultorías a cargo de Álvaro Pabón, recalcó que se vulneraron diversos procedimientos y que no existe una relación costo-beneficio de éstos. Estos elementos deben ser investigados por la Unidad de Transparencia municipal.

Los Tiempos solicitó entrevistarse con el director de esta unidad, pero se encontraba en reunión. Pabón se negó a dar declaraciones.

OPINIÓN

Edwin Jiménez. Concejal Municipal (Único)

Contrataciones vulneraron procedimientos

El Reglamento Específico de Administración de Bienes y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba establece que este tipo de contrataciones menores (consultorías de menos de Bs 50 mil) deben ser visadas por la unidad jurídica y, en este caso, no vemos la firma del secretario jurídico, lo que llama la atención.

Por otro lado, la norma establece que se deberá establecer una relación costo-beneficio y la unidad solicitante debe decir qué va a resultar de éstas, pero lo extraño es que, por ejemplo, hay consultorías con un tiempo de ejecución de cinco días por un monto de 49.800 bolivianos, otra de 15 días por el mismo precio, ni siquiera han variado por un boliviano, cuando las unidades requirentes son diferentes. Incluso se ha hecho un servicio para un nivel descentralizado que es algo que se define en cinco segundos, nosotros lo hemos hecho en el Concejo al crear la Oficialía Mayor de Procedimiento Legislativo, lo único que necesitábamos era un presupuesto aprobado.