Como señala mi libro Control Remoto, Álvaro García Linera llevó ese esquema a grados superlativos de eficiencia. Reunió en un solo ente coordinador a todos los presupuestos de publicidad estatal, incluso la de las gobernaciones y municipios afines al MAS, además de la que entregaba el BCB, entidades descentralizadas o autárquicas y empresas estatales. Todo.

La suma total de la publicidad entregada por el gobierno anterior ha sido calculada en cerca de mil millones de dólares, una cifra astronómica para un país con tantas necesidades como lo es Bolivia. El sistema de García Linera era muy simple: el ente coordinador de entregar la publicidad, que dependía de la Vicepresidencia primero, y luego del Ministerio de Comunicación, establecía quienes estaban vetados de recibir esos fondos (que son públicos, habría que recodarle al fugado bachiller). Y a los que mostraban cercanía con el gobierno se les aumentaba la pauta de manera cuantiosa.

Lo curioso es que ese dinero terminó siendo negativo para las empresas. Por ejemplo, La Razón, ATB y PAT, tres de las más beneficiadas, son las que enfrentan más serios problemas hoy, más que los medios que no se vieron beneficiados con ese plan de cooptación y control. Los dueños de las empresas favoritas del poder, presumo, exprimieron hasta el último peso (y compartieron las ganancias con sus socios en el gobierno), con lo cual dejaron a sus medios en la lona. No les debe importar porque en el proceso se enriquecieron. García Linera, que podía cerrar y abrir el grifo de esos dineros a placer, elegía a los directores de algunos de esos medios.

Esto está a punto de cambiar gracias al fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que dice, de manera resumida: “el Viceministerio de Comunicación y el Ministerio de la Presidencia (deben) garantizar en sus actos de contratación la participación del mayor número de medios, procesos de contratación donde puedan ser tratados en igualdad de condiciones y transparentes a fin de garantizar el derecho de la libertad de expresión”. Precisamente fueron los trabajadores de PAT los que recurrieron a ese tribunal para obligar al gobierno a que les entrega pauta estatal de manera razonable.

Este fallo debe estar acompañado ahora de algún reglamento (o, mejor, una ley), que fije la manera cómo el Estado tiene que destinar los recursos de la publicidad. En primer lugar, su presupuesto debe ser razonable, para evitar el monstruoso aumento que se registró durante el gobierno del MAS, sobre todo en sus últimos años, desesperadas como estaban esas autoridades de no abandonar el poder. Un décimo de lo que gastaba el MAS podría ser suficiente. Además, los gobiernos deberían estar prohibidos de usar la imagen del Presidente/a en los anuncios y éstos deberían ser suspendidos, excepto los estrictamente informativos, tres meses antes de cada elección. Un gobierno no puede usar el dinero de todos para tratar de reproducirse en el poder.

Segundo, esos recursos deberían llegar a los medios según algunos parámetros, como rating o circulación, además de prestigio y responsabilidad social. En ese sentido, tal vez se podría aceptar entregar publicidad estatal a medios de circulación menor, pero de importancia, como aquellos que se dedican a actividades culturales, deportivas, científicas, etc. Al respecto, el fallo del Tribunal es inaplicable como está, porque fija “igualdad” entre los medios, pero no se puede comparar una red nacional de TV con una pequeña radio local.

Con todo, y aunque falta mucho para que se haga realidad, este fallo es un hito que podría cambiar la relación del poder con los medios de una manera significativa. Enhorabuena.