2.- Conforme a la CPE los delitos de corrupción y los daños económicos al Estado no prescriben. Sin embargo, la justicia en Bolivia tiene una característica: Tarda pero llega.

3.- La intención de Luis Arce es judicializar la campaña para eludir la acción de la justicia. Ningún ciudadano podría ser candidato si tiene cuentas pendientes con la justicia, peor si son delitos contra el Estado. Desgraciadamente la ley boliviana dice que una persona puede ser candidata si no tiene sentencia ejecutoriada. Moralmente está inhabilitado, pero jurídicamente habilitado.

4.- Luis Arce es la expresión del abuso de poder económico y el despilfarro del MAS en Bolivia. Aprovechó cierta estabilidad económica para disponer en forma arbitraria de los bienes y recursos del Estado mediante decretos supremos y contrataciones directas, y el control de la justicia para nunca ser responsable de sus actos. Hoy ha llegado la hora para que Luis Arce rinda cuentas al país y la justicia. Los casos del Fondo Indígena y la Gestora Pública son sólo la punta del iceberg de todos los crímenes de corrupción cometidos en la administración arbitraria de los recursos en un país con muchas necesidades como Bolivia.