El Decreto Supremo 4272, aprobado el 24 de junio, establece entre otros aspectos que el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) y los municipios harán obras con uso masivo de mano de obra, por un monto de 100 millones de bolivianos, en una especie de imitación del FSE de los años 80 y 90.

Además, nuevamente se espera que el estatal Banco de Desarrollo Productivo les preste dinero a los bancos, para que éstos refinancien y reprogramen los créditos de las empresas. Ese banco, además, usará sus recursos para cubrir el 50% de las garantías de nuevos créditos de la banca a las grandes empresas. En el caso de las empresas pequeñas, el Estado asumirá hasta el 65% de las garantías y para créditos de vivienda, la garantía estatal será de hasta el 85% del total.

El Banco de Desarrollo Productivo obtendrá los recursos necesarios para ello mediante una emisión de 1.500 millones de dólares de bonos de deuda pública que ofrecerá a los bancos y otras fuentes de financiamiento.

Entre otras medidas, también se financiarán a los sectores minero, mediante fondos y préstamos, y turístico, a través de dar vacaciones obligatorias a los empleados públicos, con la idea de que alienten el turismo interno. Paralelamente a todo ello, el gobierno promete reducir en un 15% el gasto de la administración central.

Finalmente, se tratará de que las empresas estatales logren algo de rentabilidad y que el Estado adquiera productos nacionales. En total, el paquete de medidas busca inyectar en la economía 30.000 millones de bolivianos.

Las medidas han sido recibidas con esperanza en algunos sectores empresariales, aunque se hizo notar que hasta ahora otras promesas de entrega de fondos para créditos han tenido un avance casi igual a cero. Precisamente, varios especialistas consultados por Página Siete señalaron que el plan es inviable por las dificultades técnicas de entregar tanto dinero, y la ausencia de éste. El gobierno no tiene tantos recursos para distribuir.

Otra crítica ha surgido desde un frente distinto: la posibilidad que se les da a los bancos de lucrar con el plan, cobrando altas tasas de interés y sin arriesgar nada de su rentabilidad, ya que es el gobierno el que ahora asumirá parte de las garantías y la gente (prestatarios), quienes deberán contraer las deudas.

En efecto, si se analiza el plan de reactivación presentado, prácticamente todas las medidas giran en torno al endeudamiento (los bancos prestan a las empresas y éstas reactivan la economía). Pero, no todo es acceso a crédito. No existe una propuesta de diversificación de la economía ni medidas  en torno al empleo –no sólo al eventual, que es el que genera  las grandes obras, sino a la generación de empleo estable-.

Dejar la reactivación económica especialmente asentada en medidas financieras es preocupante o al menos insuficiente. En vez de que el gobierno tome iniciativas –así sea con endeudamiento público- para jalar hacia adelante al aparato económico, se busca que sean las empresas las que se presten hoy para llegar a mañana, que es lo mismo que hipotecar su futuro para salvar el presente.

Como, sostiene el especialista Enrique Velazco, “dar al “banco” más dinero para que preste para reactivar la economía  significa que los negocios y los hogares deben asumir nuevas deudas para pagar otras viejas deudas al banco; es decir, una mayor tajada de sus ingresos futuros deberá ser destinada a pagar capital, intereses, amortizaciones, comisiones, certificaciones, etc.”.

Definitivamente necesitamos un plan y medidas realistas para que se cumpla. Nuestra economía no sólo necesita ser salvada, sino reinventada, y esta propuesta está lejos de ser lo que los bolivianos –no sólo el sistema financiero- precisa. Como sea, se espera que este programa en algo ayude a paliar la severa crisis económica.