«El presupuesto asignado al fortalecimiento público para las Elecciones Generales 2020, de Bs 35.060.000 establecido en el artículo 76 de la Ley de Organizaciones Políticas, será destinado por el TSE preferentemente a la seguridad sanitaria de las personas involucradas en todas las etapas del proceso electoral», señala la norma a la que accedió  la ABI.

El proyecto de ley fue presentado el martes al Legislativo, controlado por el MAS, y anula «por única vez» la asignación de recursos para la propaganda electoral de los partidos políticos y solo por los comicios generales del 6 de septiembre de este año.

Para este efecto, la norma dispone que los artículos 73,74 y 75 de la Ley de Organizaciones Políticas referidas al fortalecimiento público a las organizaciones políticas no se aplicarán para las próximas elecciones.

La exposición de la propuesta normativa señala que el financiamiento servirá para precautelar la salud, que constituye una prioridad para la adquisición de material de protección para los jurados y otros actores electorales.

Los recursos también permitirán establecer de mejor manera las acciones de distanciamiento social en todas las etapas del proceso como: el manejo del material electoral, la capacitación de jurados y el día de la votación.

Tras un acuerdo con los frentes políticos, el presidente del TSE, Salvador Romero, anunció el sábado dicha propuesta debido a que se trata de una «situación extraordinaria» porque son inusuales éstos tiempos marcados por un muy grave deterioro de las variables económicas, como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19.

Romero explicó que dichos recursos se sumará al presupuesto electoral y únicamente se requerirán Bs 14 millones adicionales para cubrir el conjunto de necesidades para efectuar un proceso eleccionario seguro, desde el punto de vista de la salud.

Asimismo, el proyecto de ley dispone que se mantiene vigente el financiamiento privado de los partidos políticos para financiar sus actividades, en especial para su participación en procesos electorales, con recursos provenientes del aporte de sus militantes, simpatizantes, invitados y miembros; colectas públicas y contribuciones, donaciones o subvenciones lícitas de fuentes privadas.

En tanto, los legisladores del MAS presentaron otro proyecto de ley que plantea anular la distribución de los recursos para la propaganda electoral de los partidos y que éstos se destinen a los hospitales de segundo y tercer nivel que atienden a pacientes con coronavirus, así como para la compra de equipos e insumos de bioseguridad.