Cuando el Parlamento boliviano decidió el 6 de septiembre como fecha de elecciones, el gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que iba a promulgar esa ley. Sin embargo, poco después la Presidenta cambió de determinación, exigiendo al Congreso un estudio epidemiológico que demuestre la inocuidad de votar en periodo de pandemia. El temor a mayores contagios de coronavirus  (“primero está la salud”), es el argumento para la reticencia presidencial. 

Empero, en la noche del domingo 21 de junio Añez promulgó la Ley 691 de convocatoria a las elecciones generales para el 6 de septiembre, aclarando que quienes deben asumir las “consecuencias sanitarias” serían Mesa, Evo y Arce.

Triste panorama de vacilación y vaivén gubernamental. La etimología de “gobernar” proviene del término griego “pilotear una nave”. Ello implica autoridad, destreza y reciedumbre, cualidades en duda en la actual presidenta. Las oscilaciones en sus disposiciones, el rol de guionistas que quieren jugar algunos de sus ministros, su entorno —más séquito de monarquía en decadencia que cuerpo técnico y político en contexto de emergencia—, tienden a decantarse en actitudes autoritarias e ilegítimas, para enfrentar una reacción popular cada vez más afligida y rebelde.

Estamos en una situación sui generis: en lugar de ansiar merme la pandemia, algunos parecen desear más bien que se agudice, y así garantizar su “estabilidad” política. El gobierno no transmite un mensaje esperanzador y batallador, más bien uno medroso y derrotista. Y no es que el peligro de infección no sea real, sino que no es lo mismo establecer fechas —en este caso para las elecciones— y modificarlas si las condiciones sanitarias así lo exigen, que no fijar fecha ninguna y solo especular sobre la salud. 

¿Las elecciones son en sí una solución al coronavirus? Por supuesto que no. Tiene que ver la infraestructura sanitaria, la eficiencia estatal, la base económica, la probidad en la gestión de recursos… Lo que implica un gobierno y una decisión ciudadana al respecto. No olvidemos que originalmente la función del actual gobierno se reducía, esencialmente, a convocar nuevas elecciones. 

Tampoco se trata solo de regularizar una formalidad democrática. Se deben administrar cambios en nuestro ordenamiento institucional, social y político. Mantener las falencias que impiden una verdadera unidad nacional y un Estado funcional, es conservar los mecanismos que terminan por corromper cualquier ilusión de cambio y frustrar todo intento de afrontar momentos de crisis. Es lo que pasó con el anterior gobierno de Evo Morales y el actual de Janine Añez.

La deflagración de Evo Morales abrió nuevas posibilidades. Pero, solo las viejas taras se restablecieron. Irónicamente, lo que debía sepultar al MAS terminó por revitalizarlo. Al olvido, entre los indígenas, las pachamamadas, los desfalcos del Fondo Indígena, la represión a comunarios de Achacachi, la arremetida contra el Tipnis; entre los ambientalistas, los incendios en el Chaco y la Amazonia, la tolerancia a los transgénicos, las componendas con los agroindustriales de la soya; entre los culturalistas, el Museo Unipersonal de Orinoca y la inclusión de Bolivia en el Dakar, como “máximo logro cultural”... y, entre todos los bolivianos, la mayor derrota ante Chile en los tribunales de La Haya.

Añez les hace elogio y para nada agravio cuando declara que Mesa, Evo y Arce son quienes deben asumir las consecuencias de las elecciones... Escamotea toda responsabilidad, pero también todo éxito. Sin embargo, nada está todavía decidido. Sería un error olvidar a quienes en posición poco favorable en las encuestas participarán en esa pugna electoral. Y, sobre todo, a quienes son aliados importantes en los frentes ahora constituidos, como Unidad Nacional de Doria Medina.

Si todo esto culmina en la elección de una alternativa política, por lo menos medianamente renovada, podremos sortear un importante hito en el camino de constitución de una nación y de un Estado para todos.