El Gobierno y el abogado de los trabajadores de PAT -que interpusieron el recurso- coinciden en que es necesario normar lo que dispone el dictamen. Por otro lado, el MAS anunció un proyecto de ley en ese sentido, aunque durante 14 años en el poder el partido azul hizo todo lo contrario a lo que establece el fallo. 

El dictamen fue emitido el 27 de junio y reza de la siguiente forma: “La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, administrando justicia constitucional, resuelve conceder en parte  la tutela solicitada por el accionante, en cuyo mérito dispone que el Viceministerio de Comunicación y el  Ministerio de la Presidencia  garanticen en sus actos de contratación a los medios de comunicación, garanticen  la participación del mayor número de medios de comunicación (en los) procesos de contratación donde puedan ser tratados en igualdad de condiciones y (con) procesos de contratación transparentes a fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho de comunicación de todos los ciudadanos”.

Jorge Valda, abogado de los demandantes, expresó que personas que trabajan en medios se contactaron con él,  con el fin de buscar que el fallo se convierta en una norma que garantice la distribución igualitaria de la publicidad estatal.

“Quieren empezar a proyectar una ley, en la cual se establezca normativamente estos procedimientos de transparencia, de idoneidad y que la pauta publicitaria ya no pueda operar en función a un capricho, sino en función a un cuerpo normativo que permita una distribución transparente y no discriminatoria”, afirmó.

La viceministra de Comunicación,  Isabel Fernández,  comentó que el fallo, por procedimiento, pasa “a revisión” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

La autoridad aseguró que el Gobierno aplica lo que dispone el dictamen, es decir: distribuir publicidad estatal sin discriminación a  base de criterios técnicos. Fernández también subrayó la necesidad de elaborar un reglamento. 

“Lo que explican los abogados (del Ministerio de la Presidencia) es que, por una parte, ese fallo va en consulta, y segundo, que el juez dijo tutela parcial y dijo ‘a la mayoría de los medios’. Eso implica que hay que hacer un reglamento y que hay que aplicar criterios para la distribución de la publicidad estatal. No se sabe cuáles, porque no hay ningún reglamento. El MAS no lo elaboró durante 14 años”, declaró la autoridad a Página Siete.

La exmagistrada Silvia Salame explicó que la sentencia es de cumplimiento inmediato, pero que por mandato del artículo 202 de la Constitución Política del Estado  todos los fallos que se emiten en las salas de tribunales de garantías constitucionales  van a revisión del TCP. 

“El hecho de que vaya a revisión  no deja sin efecto el fallo. El fallo sí o sí se tiene que cumplirse de inmediato”, subrayó Salame. La exmagistrada agregó que, en este caso, lo que debe hacer el Ejecutivo es cumplir el fallo y si  para tal efecto debe elaborar un reglamento, debe hacerlo.

En tanto, el senador Efraín Chambi, del Movimiento Al Socialismo (MAS),   anunció la gestión de un proyecto de ley para la distribución equitativa de la pauta publicitaria estatal. 

“De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados deben adoptar reglas legales específicas sobre publicidad oficial en cada uno de sus niveles de gobierno. La carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión”, aseguró el legislador.

La viceministra Fernández observó que  en 14 años continuos de gobierno  el MAS no aplicó ningún criterio de distribución de la publicidad estatal y que por eso  ahora existe un vacío legal.