En los últimos días, el gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, presentó una denuncia penal en contra de Arce por daño económico en dos contrataciones millonarias.

El anterior Gobierno pagó 3 millones de dólares como adelanto de un contrato valuado en 5,1 millones de dólares a Sysde, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido.

Ante el fracaso, contrataron a la colombiana Heinsohn por 10,4 millones de dólares para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de 1,6 millones de dólares anuales por la licencia y el código fuente.

Estas irregularidades salieron a luz después del desarrollo de auditorías internas y especiales, que involucran al ahora candidato del MAS y otros funcionarios.

Según Arce y el MAS, se busca perjudicar a su candidatura.

No es la única sindicación en contra del candidato masista: también está el caso del denominado Fondo Indígena por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros.

En este programa, Arce permitió el depósito de dineros, recursos públicos en cuentas particulares, la mayoría dirigentes y personas ligadas al MAS. El desfalco al Fondo Indígena supera los 137 millones de bolivianos.

Otro denuncia se refiere por la transferencia de 520 millones de bolivianos del Ba nco Central de Bolivia (BCB) en los días de conflicto 7 y 8 de noviembre de 2019.

En este caso también es investigado el expresidente del BCB Pablo Ramos.

Por otra parte, la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones planteó iniciar un juicio de responsabilidades al exministro de Economía Luis Arce y al expresidente Evo Morales por la mala administración de los aportes laborales a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Entre los malos manejos que se hizo de los recursos de los aportes laborales está el sistema operativo que impulsó el gobierno del MAS y establece que 5 por ciento de ese dinero “tiene que ir a las empresas públicas”.

Dentro de este proceso, se debería actualmente “5 mil millones de dólares a las AFP”.

El constitucionalista José Luis Santistevan señala que Arce es la expresión de la impunidad en Bolivia, luego de más de una década de haber sido el tesorero de los actos más infames de corrupción cometidos durante la gestión del MAS.

Explicó que conforme a la Constitución Política del Estado los delitos de corrupción y los daños económicos al Estado no prescriben.

“La intención de Arce es judicializar la campaña para eludir la acción de la justicia. Arce es la expresión del abuso de poder económico y el despilfarro del MAS en Bolivia. Aprovechó cierta estabilidad económica para disponer en forma arbitraria de los bienes y recursos del Estado mediante decretos supremos y contrataciones directas”, dijo el jurista.

“Los casos del Fondo Indígena y la Gestora Pública son sólo la punta del iceberg de toda la corrupción”, dijo Santisteban.

JUICIO POR AEROSUR Y DENUNCIA DE NEPOTISMO

REDACCIÓN CENTRAL

Humberto Roca, exdueño de la empresa Aerosur —quebrada por temas impositivos—, retornó a Bolivia tras nueve años y anunció procesos contra las exautoridades de Gobierno. Anunció que iniciará querellas al expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras exautoridades.

“Voy a iniciar los procesos en contra de Evo Morales, el sabandija ése de Luis Arce Catacora, en contra de Nardy Suxo y de Álvaro García Linera (…). Han destruido el gran potencial que tuvo este país durante estos 14 años que tuvieron de bonanza económica y que no supieron aprovechar. Yo, personalmente, no voy a descansar hasta no ver que ellos paguen todo lo que han hecho, no sólo a mí, sino a todo el país”, sostuvo.

Asimismo, según denuncias, dos hijos del exministro de Economía Luis Arce fueron funcionarios públicos. Rafael Ernesto Arce Mosqueira trabajaba en la ANH y Luis Marcelo Arce Mosqueira, en YPFB. Además, la esposa, Lourdes Durán, ocupaba una gerencia en el Banco Unión, dependiente del Estado.