"Hemos presentado denuncia penal a una exautoridad, no lo hicimos contra una candidato (...). Debe responder al pueblo porque esos recursos son aportes de los bolivianos y de un sector importante de la sociedad; son los jubilados que en el anterior Gobierno no tuvieron participación en la toma de decisiones", afirmó Flores.

La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo formalizó una denuncia penal por daños económicos al Estado contra Luis Arce, exministro de Economía.

El grupo de delitos económicos que pudo cometer Arce, quien fue presidente del directorio de la Gestora Pública, están vinculados con la contratación, ya en 2015, de dos empresas extranjeras que deberían proveer el software sobre las pensiones de jubilación.

Los contratos cuestionados tienen que ver con la provisión de software destinado a la administración del Sistema Integral de Pensiones, uno con la empresa panameña Sysde International INC y otro con la colombiana Heinsohn Business Technology.

El anterior gobierno pagó $us 3 millones como adelanto de un contrato valuado en $us 5,1 millones a Sysde, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido.

Tras ello, la colombiana Heinsohn fue contratada por una cifra mucho más alta: $us 10,4 millones para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de $us 1,6 millones anuales por la licencia y el código fuente.

Flores señaló que en 40 años, que es el tiempo de duración de este contrato, el Estado iba a erogar $us 78 millones en estos pagos ilegales.

Sobre el futuro de la Gestora, el Gerente afirmó que el Gobierno de transición no se puede tomar decisiones, pero está en curso un estudio de factibilidad para establecer la mejor opción estatal, privada, mixta, sectorial y otras formas.

Para ese objetivo, Flores comentó que dejaran sugerencias a la nueva administración gubernamental para que impulse una reforma de pensiones de verdad que requiere Bolivia.