Ella es del municipio de San Pedro de Macha, en el Norte de Potosí, donde se encontraba pasando tiempo con su madre enferma y sus tres hijos. El 10 de junio debía estar en Potosí para participar de la sesión en la que se definiría la ratificación o destitución del gobernador Véliz. Llegó a la sesión y votó por el gobernador, pero, cuando quiso volver a Macha por la noche, ya no pudo porque encontró que el camino estaba bloqueado.

Ella asegura que, incluso, le llamó al gobernador para hacerle notar que había votado por él para que pidiera a los dirigentes que dejaran de hostigarla porque ya estaba siendo amenazada desde el 5 de junio. Esa noche, un centenar de personas tomaron por asalto su casa de Macha, quemaron sus pertenencias y exigieron que la asambleísta renuncie a su cargo. Sus familiares pudieron escapar minutos antes del ataque que, convertido en vigilia, se prolongó toda esa noche y el día siguiente. Ella, desesperada, hizo llegar su carta de dimisión a la Asamblea Legislativa Departamental y al Tribunal Electoral Departamental (TED), pero ésta no ha sido considerada aún y, quienes la atacaron, mantienen su amenaza de perpetrar más agresiones si la renuncia no se hace efectiva.

Para las mujeres, hacer política en Bolivia no es fácil. Frecuentemente son sometidas a acoso y violencia política de parte de sus compañeros hombres que, por lo general, pertenecen al mismo partido.

A esta conducta cargada de machismo se suman las prácticas autoritarias y violentas del MAS para imponer una única línea de acción, sin derecho a la discrepancia.

Sobre el caso particular de la asambleísta Vargas, es importante que la Asamblea y el TED no acepten su renuncia, pero al mismo tiempo el MAS debe ofrecerle garantías para que siga ejerciendo su cargo y para evitar más actos hostiles en su contra.

Las mujeres del MAS, que suelen ser tan aguerridas cuando se descubre un caso de machismo en los partidos oponentes, deberían pronunciarse de manera contundente en defensa de Vargas y, por su parte, el expresidente Evo Morales debería llamar al gobernador Véliz y a los dirigentes de los agresores para frenar esta conducta.