En una conferencia de prensa, Arce respondió que con la nueva denuncia por supuestos hechos en la Gestora Pública, el gobierno transitorio de Jeanine Áñeztrata de crear una nueva cortina de humo "para encubrir sus actos de corrupción". Además, inhabilitar su candidatura, porque "las encuestas muestran que existe una alta tendencia a favor del MAS para las elecciones de septiembre".

En la misma línea, Evo Morales se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, a dos meses de elecciones en #Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato Luis Arce y al MAS-IPSP e impedir nuestra participación electoral".

La denuncia

El actual gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, presentó una denuncia contra Arce Catacora por la supuesta compra irregular de dos programas informáticos cuando fue presidente del directorio de la Gestora Pública. Una a la empresa canadiense Sysde, por $us 5,15 millones; y otra a Heinsohn, por $us 10,98 millones.

La empresa Sysde ofreció el software de AFP Futuro, pero esta AFP no dio su aval para utilizar su tecnología y complicó la operación.Se pagó el 59% del monto del contrato, $us 3.05 millones (por concepto de licencia y otros productos menores no relevantes) y el software nunca fue entregado de acuerdo al contrato.

La denuncia señala que un mes después del inicio del proceso previo de contratación, el directorio dirigido por Arce, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), autorizó el proceso de contratación directa de la empresa seleccionada:Sysde Internacional Inc., aceptando un descuento del 7% del pago parcial, en lugar de la Boleta de Garantía.

Por ello, la Unidad de Auditoría Interna identificó a nueve personas, entre ellosel actual candidato presidencial por el MAS, Luis Arce Catacora, en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Otro software

Resuelto el contrato con Sysde, el directorio autorizó nuevamente la compra de un software, esta vez con la empresa colombiana Heinsohn. La empresa ofreció la venta de un bien, pero el contrato establece que ésta es propietaria del mismo y la Gestora adquiere únicamente el derecho al uso (es decir, no era venta sino un alquiler del bien).

El contrato además del valor del software, incluía el pago anual por uso y mantenimiento del sistema y el código fuente ($us 1.68 millones). Este contrato fue firmado en medio de un conflicto social, el 23 de octubre de 2019 y se resolvió luego por las irregularidades manifiestas.

Según la actual administración de la gestora, el daño económico tiene el siguiente detalle. Sysde, 5,15 millones de dólares; Heinsohn: 10,98 millones, por lo tanto, 114% más de sobreprecio.

El contrato establecía que la gestora no compró el software y prohibía cualquier tipo de modificación, préstamo, comercialización o venta. Al tener estas restricciones, la acusación sostiene que Bolivia no compró un software, solamente lo alquiló. 

Un mes después del inicio del proceso previo de contratación, el directorio de la gestora, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), autorizó la contratación directa de la empresa Heinsohn Business Technology, “teniendo conocimiento de los antecedentes y el contrato”, sustenta la denuncia. Este documento está firmado por Luis Arce Catacora, como representante legal de la Gestora.

En este caso, la unidad de auditoría interna también detectó los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que involucra a Luis Arce y a otras ocho personas.

La arremetida de Arce

Ante los medios, Arce respondió que se enteró del anunciado proceso por redes sociales, lo desmintió y pasó al ataque: “Este Gobierno, a través de la Gestora Pública ha hecho un daño vendiendo unos bonos de 9,9 millones de bolivianos”, dijo el candidato masista a los periodistas.

Complementó que existe desesperación en el Gobierno y por ello le echan barro. “El MAS se convierte en el único instrumento que viabilizará la recuperación de la democracia para los bolivianos. Queremos denunciar ante la opinión publica la intencionalidad que tiene el Gobierno de proscribirnos para que no participemos en estas elecciones, quiere proscribir al candidato del instrumento político”, denunció el candidato masista.

Oficinas edificio Gundlach

Mientras tanto, otra denuncia contra Arce también madura. Resulta que la infraestructura adquirida a SAFI Unión por un valor de $us 2.5 millones incluye un ala que originalmente era un parqueo descubierto. Esta área fue cubierta y adecuada para oficinas. El área descrita no se encuentra registrada en el catastro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, originando un riesgo de su demolición. Además, en el contrato de compra y venta, el área descrita figura como área libre, sin registro en Derechos Reales.

Arce aseguró que "se inventan y tratan de forzar figuras para acusar a quien lo único que hizo en 14 años fue acompañar al proceso de cambio y trabajar por el país mejorando la calidad de vida de los bolivianos, colocando a Bolivia en el primer lugar de la tasa de crecimiento por 6 años consecutivos y haber reducido los índices de pobreza extrema del país, mejorar la distribución del ingreso, aumentar la esperanza de vida de la gente, y haber reducido la brecha entre ricos y pobres”, matizó.

El MAS presentará una denuncia internacional para que los organismos que defienden la democracia verifiquen que "existen abusos en contra de los derechos políticos del MAS". “Así vengan 50 juicios, seguiremos trabajando. Este es el fruto de la ausencia de ideas que combatan con las del MAS y menos propuestas que compitan con las del partido de los humildes”, subrayó Arce Catacora.