Pareciera que la atrevida amenaza de una menos que mediocre Asamblea Legislativa del MAS, en connivencia con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y la oficiosa intervención  -no tan entre bambalinas-  de algunos “líderes” políticos, hicieron beber a la mandataria una copa que rebasaba de temores intimidatorios que influyeron en su espíritu democrático y reconozca en su mensaje haber sido la receptora de presiones que la llevaron a suscribir la promulgación  de la ley en cuestión.

Triste confesión que demuestra la fragilidad de nuestras instituciones ante las solapadas advertencias de actitudes anarquizantes, sin el menor temor al quebranto de su seguridad jurídica y salud del pueblo boliviano.

¿Qué otros motivos con mínimos fundamentos legales pudieron pesar en el Gobierno para promulgar esta ley, si la misma Constitución no admite argumento contrario a una serie de disposiciones contenidas en la propia carta política que el MAS entregara al país en la aciaga Asamblea “Constituyente” que concluyó el 5 de diciembre de 2007?

¿Olvidaron los legisladores y el propio Gobierno que esta misma Constitución, en sus artículos 18, I y II; 35, I y II; 37; 45, III; 67; 342 y otros, protege, resguarda y garantiza la salud del pueblo y, concretamente, en las situaciones de epidemias, enfermedades catastróficas en el ámbito de la seguridad social, reservando para el Estado la insoslayable responsabilidad de su cumplimiento, por sobre toda otra consideración?

Es, precisamente, en las actuales circunstancias que el pueblo requiere a su gobierno la protección integral de salud. Lo contrario, significará, ni más, ni menos, que la abulia, negligencia e indiferencia, casi parecida a la actitud que demostró el presidente Daza ante la invasión chilena de nuestro Litoral se impusieron a la responsabilidad del Estado.

Si nos encontramos a dos meses del 6 de septiembre, en un trance de zozobra, inquietud e inseguridad, la pandemia de la que somos también tributarios con otros países, y las investigaciones de las alternativas que presentan las estadísticas en diferentes niveles de su tratamiento, ya tenemos estimaciones de los cálculos para el mes de julio, nada halagadores, reservándose lo crucial de la tragedia para septiembre y más allá.

Seamos sinceros. Acaso con este penoso espectro nuestro endeble Estado podrá atender con solvencia los varios y complejos que enfrenta -ante y post elecciones-, so pena de producirse la verdadera “ausencia del Estado” que dijera Elías Neuman en su importante obra que lleva este título o, también la “fuga del Estado, cuando no está al  frente en los asuntos harto delicados”.

En relación con las normas constitucionales expresadas, con razón el referido autor  expresa que “el Estado además debe vigilar el respeto irrestricto de todo el contexto legal que el mismo promulga y pone en vigencia, y el cumplimiento de aquellas normas cuyos objetivos ordenan la protección de los derechos humanos de los habitantes, en especial, vida, libertad y dignidad”.

En conclusión, sólo cabe, si se permite, advertir que la precipitación puede acusar perjuicios irreparables por el descuido y cuasi abandono que se haga de la salud del pueblo, en circunstancias en que -se quiera o no- toda atención estará entregada a la parafernalia electoral.

Es tiempo de que el Gobierno rectifique su forzada promulgación. Para esto, nada mejor que convocar a una reunión nacional de instituciones civiles y políticas a objeto de acordar con sensata prudencia una fecha que responda a la salud y  paz internas.