“Cómo es de conocimiento público el día de ayer (30 de junio) el Gobierno ‘de facto’ realizó otra denuncia penal contra mi persona. Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública la intencionalidad que tiene el gobierno de proscribir al Movimiento al Socialismo para que no participe en estas elecciones, de proscribir al candidato del MAS-IPSP. Han intentado amedrentarme, perseguirme desde mi llegada al país”, expresó.

El candidato también denunció que la acusación en su contra es una cortina de humo del Gobierno transitorio para tapar un nuevo escándalo sobre un daño económico al Estado de 9,9 milllones de bolivianos en la Gestora Pública por la venta de unos bonos.

“Lo que nosotros hemos venido observando es una denuncia de un daño económico que hubo en la Gestora de 9,9 millones de bolivianos, donde al amparo de la compra-venta y la intencionalidad de hacer más líquido el fondo para pagar la Renta Dignidad, este Gobierno a través de la Gestora Pública ha hecho un daño vendiendo unos bonos de 9,9 millones de bolivianos. (La denuncia en mi contra) es otra cortina de humo para tapar otro hecho de corrupción, otro desfalco al Estado”, apuntó.

El candidato reiteró que el MAS denunciará el intentó de proscripción ante instancias democráticas internacionales y dijo que las acusaciones del Gobierno en su contra se enmarcan en la campaña electoral que emprendió Juntos, la alianza que postula a la presidenta Jeanine Añez, porque el MAS lidera las encuestas de intención de votos.

El Gobierno dio a conocer que hubo al menos dos contratos irregulares para la compra de un software de la Gestora involucran a Arce. El primero con la empresa panameña SYSDE por un monto de 5.15 millones de dólares en 2017, el cual fue incumplido pese al desembolso de más de tres millones de dólares por concepto de licencia y otros productos menores.

El segundo contrato por el cual se acusa a Arce por daño económico en la Gestora se firmó el 23 de octubre con la empresa colombiana Heinsohn por 10.9 millones de dólares, el cual fue observado por el Gobierno porque se establece que la Gestora sólo tiene derecho de uso del producto y que adicionalmente se debe pagar 1.6 millones de dólares por el mantenimiento del sistema y el código fuente.

“El contrato con Heinsohn no era para la compra de un software, era un derecho de uso, era un alquiler con un pago anual extra. Aparte del pago por la adquisición de 10.4 millones de dólares de una supuesta compra del Estado se tenía que pagar 1.6 millones de dólares por el concepto de licencia y código fuente, eso nos han tratado de engañar”, denunció el martes el representante legal de la Gestora Pública, Sergio Flores.

Arce señaló que aún no conoce el tenor de la denuncia presentada ante a Fiscalía en su contra, pero aseguró que en el primer caso se iniciaron procesos judiciales contra la empresa por el incumplimiento. Indicó que luego se contrató a otra empresa para la adquisición de un software pero que este avance fue interrumpido por el Gobierno.

“No se está haciendo absolutamente nada por el avance de la Gestora, porque detrás de esto están los intereses de la AFP’s que quieren seguir trabajando en el país, qué quieren seguir usufructuando los recursos los trabajadores que aportan (…). Por qué se interrumpió el contrato que hice con otra empresa que estaba haciendo el sortware que necesita la gestora. Eso se paralizó como las obras en la inversión pública, como todo lo que hacíamos en favor del pueblo”, expresó.