Según detalla el comunicado, se estableció que las acciones del Ejecutivo de construir el tramo central que atraviesa el corazón del Tipnis, generaron múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado boliviano.

“En este caso, el Estado tomó decisiones y acciones legislativas y administrativas sin consultar ni obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, y tomó medidas de fuerza y represión contra la VIII marcha Indígena, en la localidad de Chaparina en 2011. Estas acciones, junto a otras posteriores, constituyen un proceso sistemático y agresivo a los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia”, indica el documento.

El 22 de junio, el organismo internacional emitió un comunicado sobre la aprobación del informe de admisibilidad N° 113/20, la ONG EarthRights Internacional confirmó la información, esa entidad se sumó a la demanda internacional en 2014.

El 8 de mayo de 2012, un grupo de líderes indígenas del Tipnis, junto al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana.

La construcción de la carretera era inminente y por el aumento de las violaciones de derechos humanos, que se vio reflejado en el incremento de afectaciones, daños colectivos y a la integridad física y personal de los miembros de las comunidades indígenas del Tipnis.

El 30 de julio de 2014, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), y EarthRights International, se adhirieron a la petición y presentaron información que daba cuenta de la gravedad de la situación.

Proceso

El comunicado del organismo no gubernamental, señala que con la aprobación de este informe se abre una etapa de debate y sustentación del caso, donde los peticionarios deberán presentar argumentos para que se reconozca la responsabilidad del Estado durante la gestión de Morales por los hechos denunciados.

Adolfo Moye, exdirigente de los indígenas del Tipnis y quien logró consolidar el título de propiedad de ese territorio, como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), en favor de los pueblos Mojeño Trinitario, Yuracaré y Chimán, expresó su conformidad con la determinación de la CIDH.

“El Tipnis unificó a gran parte de Bolivia en la VIII Marcha Indígena, la que se gestó a lo largo de cuatro años de resistencia a continuos avasallamientos no sólo al Tipnis sino a otros territorios. La Resolución de aceptabilidad del caso en la CIDH significa una esperanza de justicia y respeto de los derechos de todas las familias de las comunidades indígenas, en particular del Tipnis”, indica el comunicado.

Vulneración de DDHH

El 25 de septiembre de 2011, un contingente policial intervino el campamento de los indígenas, en la localidad de Chaparina en Beni. En ese hecho detuvieron a hombres y mujeres que se encontraban con menores de edad. Varios de los marchistas fueron golpeados, maniatados y amordazados con cintas de embalaje.

La VIII Marcha Indígena denunció que el gobierno del MAS inició la obra vial sin consultar a los titulares del territorio afectado, vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios internacionales.

Tras la agresión que se registró en septiembre de ese año, el 19 de octubre de 2011, la marcha llegó a La Paz exigiendo la anulación del proyecto carretero, y el 24 de octubre el gobierno de Morales se vio obligado a promulgar la Ley 180 que dispone que ninguna carretera atravesará el Tipnis, declarado zona «intangible».