Los otros seis vocales consideraron que  como establece la ley de Organizaciones Políticas  debía entregarse esos recursos de manera proporcional a las últimas elecciones nacionales. Como las de 2019 fueron anuladas, los vocales consideraron tomar como referencia las de 2014, que ya sirvieron el año pasado como parámetro para la distribución de esos recursos (los partidos como tales no reciben los fondos, éstos van directamente a los medios de comunicación que ellos contratan).

Es allí donde surgió la polémica, puesto que el MAS, nuevamente, igual que en 2019, recibiría el 31% de esos recursos (10,9 millones de bolivianos). Los frentes nuevos, como Comunidad Ciudadana, recibirían un pequeño porcentaje. La ley entrega el 60% de manera equitativa entre todos los partidos y el 40% en proporción a la votación de las elecciones previas.

La decisión generó una comprensible indignación de la ciudadanía: ¿cómo al partido que hizo fraude, forzando por ello a que se anularan los comicios anteriores, se le volverá a dar recursos? Suena a algo inaceptable.

Por otro lado, se puede afirmar que los vocales lo que hicieron fue aplicar la ley. Obviamente es su obligación hacerlo. De todos modos, pudo haber elegido otra salida: que el organismo electoral pusiera en consideración de la ciudadanía este problema y generara un debate al respecto, que podría haber concluido con la aprobación de una ley que destine esos recursos para otros fines.

Otra opción pudo haber sido, considerando que la ley señala que la entrega de esos fondos debe realizarse tomando en cuenta los comicios anteriores, y estos fueron anulados, acudir al Tribunal Constitucional y hacer una consulta sobre el tema. Al hacerlo, hubiera nuevamente generado interés de la opinión pública.

El TSE ha mostrado seriedad en sus acciones. Este diario ha respaldado en líneas generales su accionar, presa en estos momentos de fuertes críticas. Pero es verdad que el organismo electoral se rige con demasiada inflexibilidad a normas que pueden ser de alguna manera interpretadas o, directamente, cambiadas, como hemos señalado aquí: los vocales pudieron haber pedido la aprobación de una nueva ley; o en su caso comunicar que el debate sobre la distribución de financiamiento a los partidos estaba siendo trabajado para ser modificado como al final sucedió. El MAS, con su archiconocida intuición política, fue más allá y dijo que está dispuesto a no recibir ese financiamiento. Con todo, para bien del proceso electoral,  el Tribunal Supremo Electoral anunció la presentación de un proyecto de ley al Legislativo para anular la asignación de 35 millones de bolivianos para la campaña electoral de los partidos rumbo a los comicios del 6 de septiembre y destinarlos a aplicar medidas de bioseguridad en todas las etapas del proceso electoral. La autoridad electoral propuso anular la distribución de recursos públicos para la campaña electoral “por única vez” y solo para los comicios generales y destinar ese financiamiento a la aplicación de medidas sanitarias en las actividades de todo el proceso eleccionario.

Los recursos económicos de fortalecimiento público de la elección general 2020 serán transferidos al Ministerio de Economía, y éstos a su vez serán asignados a hospitales de segundo y tercer nivel que están a cargo de la atención de la pandemia Covid-19 para equipamiento y adquisición de materiales e insumos de bioseguridad, señala el segundo artículo del anteproyecto.

Este proyecto cuenta con la unanimidad de los partidos, de modo que se puede asegurar su aprobación; sin embargo, ha dejado un sabor amargo, primero por la forma en que se ha manejado el debate al interior del TSE y luego porque añade un conflicto más al ya difícil proceso electoral en curso.