Según la ONG EarthRights Internacional, el 22 de junio la CIDH comunicó de la aprobación del informe de admisibilidad No. 113/20 de admisión de la petición de las comunidades indígenas que denunciaron violación de sus derechos en lo que se llamó la intervención de la marcha indígena del TIPNIS, durante el gobierno de Evo Morales.

“En este caso, el Estado tomó decisiones y acciones legislativas y administrativas sin consultar ni obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, y tomó medidas de fuerza y represión contra la ‘VIII marcha Indígena’, en la localidad de Chaparina en el 2011. Estas acciones, junto a otras posteriores, constituyen un proceso sistemático y agresivo a los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia”, informó esa institución.

La ONG EarthRights Internacional recordó que el 8 de mayo de 2012 un grupo de líderes indígenas, junto al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), puso en conocimiento de la CIDH la denuncia de violaciones sucedidas un año antes, en septiembre.

“El 30 de julio de 2014, ante la inminencia de la construcción de la carretera y por el aumento de las violaciones de derechos humanos, que se vio reflejado en el incremento de afectaciones, daños colectivos, y daños a la integridad física y personal de los miembros de las comunidades indígenas del TIPNIS, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y EarthRights International, se adhirieron a la petición y presentaron información que daba cuenta de la gravedad de la situación”, apuntó la ONG.

Con la aprobación de este informe se abre el periodo de debate y sustentación del caso en el que los peticionarios “seguirán trabajando porque se reconozca la responsabilidad del Estado por los hechos denunciados, así como para hacer cumplir el derecho de los pueblos indígenas a producir, reproducir y desarrollar su vida en comunidad, de acuerdo con su cosmovisión y su proyecto de vida”.

En la tarde del 25 de septiembre de 2011, cerca de 800 indígenas del TIPNIS fueron sorprendidos por efectivos policiales en Chaparina, entre las localidades de San Borja y Yucumo, en Beni, y obligados, tras uso de gases lacrimógenos y la fuerza, a subir a camionetas y buses para ser trasladados de vuelta hacia sus comunidades, rompiendo así la marcha indígena que pretendía llegar a La Paz para protestar por el proyecto de construcción de una carretera por el medio del Parque Nacional.

“Los gases caían como lluvia, cada uno ni siquiera a las señoras los han tenido pena, ni a los niños, yo me he ido hasta el alambrado ahí me paré, ahí vi a los compañeros, a los hombres era más que los correteaban, un bollo como ganado iban corriendo y los compañeros se corrían más allá, gritaban, yo me paré, quería mirar qué es lo que habían hecho, he mirado un rato, un caballero venía y me dijo –¡Doñita híncate, lléveselo a su niño, lo van a matar!- me dijo el caballero, de ahí nomás lo saqué a mi niño como pude me he corrido”, dice un testimonio sobre lo ocurrido en Chaparina, recolectado por la Defensoría del Pueblo, en cuyo informe de noviembre de 2011 denunció violación a derechos humanos.