“Lo que pedimos es la suspensión de los efectos de la ley 1304 que fija las elecciones para el 6 de septiembre con la medida cautelar de que se oficie al Tribunal Supremo Electoral la suspensión de todo cronograma o calendario que elaboró el tribunal para el 6 de septiembre”, dijo el abogado Pedro Gareca, que es uno de los demandantes. Lo acompañan los abogados Tathiana Echalar Echalar, Alberto Morales Vargas y María Rivero de Cusicanqui.

El 21 de junio, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley de Convocatoria a Elecciones Generales después de una reunión con el presidente del TSE, Salvador Romero. El 9 de junio el Senado había sancionado la Ley, después que los partidos y las autoridades del ente electoral encontraran un acuerdo para esta convocatoria.

Gareca explicó que las cuatro autoridades demandadas son las que impulsaron la Ley 1304 y los cuatro abogados consideran que esa norma amenaza, pone en riesgo y vulnera el derecho colectivo a la salud pública de la población boliviana, vinculado directamente con el derecho a la vida, porque las proyecciones que realizaron las propias autoridades de Gobierno indican que los peores momentos de la pandemia serán en septiembre.La demanda

Asimismo señalan que la decisión de convocar a las elecciones fue acordada con los partidos que participarán en las elecciones y no así con las organizaciones de la sociedad civil que fueron las que protagonizaron las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019.

“En los hechos, el demandado Salvador Romero y los vocales que aprobaron el proyecto de ley, ponen en riesgo evidente a la población boliviana en términos masivo y progresivo del Covid-19, no solo en la infección, sino en las muertes de las personas, hecho que vulnera el derecho a la salud, catalogado como bien público colectivo y, por tanto, la única garantía para proteger este derecho vinculado a la vida es la Acción Popular”, señala la demanda de los abogados.

Respecto de la presidenta Áñez, los demandantes aseguran que ella misma en su mensaje afirma que habrá más contagios y expresó su desacuerdo públicamente y pese a esas observaciones promulgó la norma.

“Antes de la promulgación de la ley, la presidenta tuvo dos vías constitucionales; la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional o la observación fundamentada de la ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme prevé el artículo 163 de la CPE”, señala otra parte de la demanda. 

La acción popular fue presentada el lunes en la tarde ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y los abogados que lo hicieron esperan ser convocados en breve tiempo tomando en cuenta los plazos de este tipo de recursos.