Ahora toca pensar cómo llevarlas a cabo con la mayor responsabilidad.

Afrontar las elecciones con valentía no quiere decir ser irresponsables. Es comprensible el temor, que deriva del más básico instinto de autopreservación. Sólo un psicópata no siente miedo. Sabio y valiente es aquél que confronta el miedo y lo hace con raciocinio. 

Nos toca como país tomar decisiones, y no parece justo solamente pedir que éstas se tomen desde arriba. Tenemos un deber ciudadano de aportar a un debate fructífero que nos dé opciones de solución viables y con las que todos nos sintamos protegidos.

Para ello, la clave del éxito es que todos entendamos cómo se transmite el coronavirus. Por suerte, ahora la gran mayoría lo sabemos. Un estudio reciente de la Uagrm demuestra que la población conoce en un gran porcentaje las formas de contagio y refiere adaptarse fácilmente a las medidas de prevención del Covid-19. 

Sabemos que el virus viaja en las gotitas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar, y que esas partículas solamente pueden viajar distancias cortas. Eventualmente pueden depositarse en superficies duras, que luego otra persona toca con la mano y la lleva al rostro, contaminándose a través de las mucosas.

Es tan simple como eso. Y tan simple como eso también es lo que toca hacer para que no se produzca una nueva ola de contagios. Hay tres precauciones básicas sobre las que se construye el resto de las medidas de bioseguridad: cubrir boca y nariz con un barbijo para evitar que se dispersen las partículas; mantener la higiene de las manos con agua y jabón o con alcohol; y mantener una distancia mínima de 1,5 a dos metros respecto a las otras personas.

Para establecer entornos seguros y proteger a todos los actores electorales, lo que el TSE debe hacer es (1) montar su propio sistema de monitoreo y contar con planes de contingencia; (2) usar siempre la fórmula riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza dividido entre capacidad instalada. No hay mucho que el TSE pueda hacer para reducir la amenaza y la vulnerabilidad, que depende de factores ajenos, pero puede hacer mucho para aumentar la capacidad instalada; (3)  establecer protocolos internos y externos para todas las fases del proceso electoral, cosa que ya está trabajando; (4) asegurar que éstos cumplan a la vez las leyes electorales, las disposiciones sanitarias y los principios de integridad electoral; (5) entrenar a todo el personal electoral en su aplicación y la detección de contingencias; y (6) compartir esos protocolos de manera simple y didáctica con todos los ciudadanos, estableciendo códigos de comportamiento que deben ser ubicuos y repetitivos hasta la náusea.

Los protocolos, por supuesto, deben basarse en las tres reglas de oro (barbijo, lavado de manos y distancia física), pero además se deben construir reglas sobre (1) la desconcentración de los recintos y asegurar que cumplan criterios de espacio suficiente, buena ventilación, accesibilidad y seguridad; (2) la categorización de la exposición del personal electoral para decidir el equipo de protección que le corresponde usar; (3) la información verbal y visual a ser comunicada a los electores en todo momento para reducir al mínimo las confusiones y el tiempo de búsqueda de su mesa, el procedimiento correcto de votación, y la necesidad de retirarse a su casa tras emitir su voto; y (4) los filtros a utilizarse para disminuir los riesgos, tanto en el sorteo de jurados (definiendo un rango de edades y ampliando las causales de excusa) como para el ingreso, diferenciado por horarios, de los electores al recinto (toma de temperatura, desinfección de manos y ropa, porte de barbijo, control de cédula de identidad) y los mecanismos para garantizar el derecho al voto de personas contagiadas sin que infecten a otras personas.

Todos estos ejercicios serán inútiles sin una agresiva política de comunicación y pedagogía electoral. Comunicar, enseñar y dar tranquilidad es clave. El riesgo de ausentismo es un problema real y debe ser encarado seriamente. No es un problema demasiado severo si éste se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores de la sociedad, pero puede restar toda legitimidad al proceso si se manifiesta de manera muy desigual entre sectores diferentes, que podrían acabar sin debida representación.