Tal vez la pregunta inicial es la que refleja con claridad la profundización de un sentido pesimista sobre el contexto. Al indagar si el país va por buen camino o por mal camino, un 82% de los entrevistados optan por la opción negativa. Esta respuesta presenta un incremento significativo frente al 63% de la primera ronda (realizada en mayo de este año). Esto se ratifica cuando un 79% considera que la situación política y un 66% la económica es mala o muy mala. A este ambiente pesimista contribuyen nuestros miedos y principales preocupaciones: un 71% teme que la crisis económica aumente la pobreza, muy por encima de las inquietudes en torno al riesgo de contagio del coronavirus, el autoritarismo y el colapso del sistema de salud que son expresados en cerca de un 40% de los entrevistados.

En torno a la conflictividad, violencia y posibles enfrentamientos, las cosas no lucen mejor. Si asumimos que en la crisis política de 2019 se produjo una fractura social, un 58% de los entrevistados opinan que esa fractura no se ha superado y es aún más profunda. Un 94% considera que es probable que en las elecciones generales de este año se generen hechos de violencia y enfrentamiento puesto que el conflicto de octubre y noviembre no ha sido resuelto.

Así, el proceso electoral próximo se desarrollará en el marco de una persistente sensación de polarización y desconfianza. Podemos decir que le tememos en proporciones semejantes tanto al contagio del coronavirus como al posible fraude electoral. Por ello, el 92% de las personas considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene que priorizar la seguridad sanitaria para jurados y votantes, pero también un 89% marca como imprescindible para el reconocimiento del resultado la transparencia y corrección del proceso electoral. Una buena noticia en este contexto desalentador es que el TSE es la institución que genera mayor confianza, incluso por encima de la Iglesia católica. Esto es determinante si consideramos que, frente a la incertidumbre en torno al proceso electoral, el TSE es un factor crítico.

En términos de factores de riesgos significativos que el informe sugiere podemos destacar la incertidumbre en torno a las elecciones del 6 de septiembre, muy centrada en el prestigio del TSE y la falta de señales de acuerdos de corto plazo entre los actores políticos para enfrentar la crisis. Sumamos a estos factores de riesgo el potencial resultado del recurso de inconstitucionalidad contra la ley que posterga las elecciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y la propia gestión de la pandemia. También tenemos que prestar atención a la inseguridad generada por un posible ausentismo de votantes y jurados en la jornada electoral que podría impulsar el cuestionamiento de legitimidad de origen del nuevo gobierno, lo que impulsaría el desconocimiento del resultado de la votación con posible impugnación política y/o legal acompañada de movilización social.

Tiempos oscuros para celebrar elecciones, pero son la única salida a nuestra crisis múltiple.