De acuerdo con el calendario electoral, la publicación de estudios de opinión en materia electoral está autorizada a partir del 26 de junio hasta el 30 de agosto, tiempo en el que las empresas de este rubro pueden difundir a través de medios de comunicación autorizados.

Anunció que esta próxima semana enviará la nota formal solicitando suspender las autorizaciones a las consultoras que hacen doble negocio con el manejo de las encuestas, porque por un lado tienen contratos con el Estado y, por otro, hacen encuestas encubiertas que se difunden a través de las grandes cadenas de televisión.

Recordó que en marzo pasado algunas redes de alcance nacional, como Unitel, Red Uno, Bolivisión y ATB, difundieron de manera simultánea resultados que en su presentación decían haber encargado el trabajo a las empresas encuestadoras.

Explicó que a raíz de esta situación, el 19 de marzo presentó una petición de informe al TSE que hasta la fecha no ha merecido ninguna respuesta, considerando que se trata de un acto de fiscalización desde la Asamblea hacia el otro poder del Estado.

En su petición cuestiona a la empresa Ciesmori y Miský Utaha y pregunta si ambas cumplieron los artículos 8 y 12 del Reglamento Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión, y si el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) tiene pruebas de la cobertura de ciudades y localidades rurales encuestadas.

Pidió que el TSE proporcione informes sobre las fuentes de financiamiento indicadas por las redes de televisión por el contrato de servicios, a cuánto alcanza, quién o quién son los financiadores, proporcionando de modo fehaciente a la persona natural o jurídica que cubrió el costo de las encuestas.

El asambleísta citó que Ciesmori tiene firmado un contrato por un millón de dólares para mejorar la imagen institucional de YPFB, que viene del gobierno del MAS, y que la gestión transitoria la refrendó. Dijo que esta relación ya no la hace una empresa imparcial pero contradictoriamente es la que más difunde encuestas.

Según Rendón el TSE debería remitir en el plazo de 10 días la información solicitada en la Petición de Informe Escrito (PIE) por mandato del Reglamento General, que tiene rango de ley del Estado, pero considerando que el país vive una emergencia sanitaria y ahora que se reanudó el calendario electoral, espera que en los siguientes días el Órgano Electoral remita la información solicitada.