Vargas había retornado a su casa del municipio de San Pedro de Macha (provincia Chayanta), en el Norte de Potosí, hacía apenas un mes. Volvió para estar más cerca de su mamá, quien tiene problemas de salud. Y lo hizo llevándose consigo a sus tres hijos de 21, 18 y 13 años. 

La mañana del miércoles 10 de junio, Vargas viajó -sola- desde Macha hasta la Villa Imperial, donde a las 14:30 se retomaría la sesión que cinco días antes había quedado en cuarto intermedio y que debía ratificar o destituir al gobernador, cuya gestión concluyó el 31 de mayo. Su intención era regresar en la noche, pero un bloqueo en el Cruce Ventilla, camino a Oruro, se lo impidió. 

“Yo estaba en constante comunicación con el gobernador. Cuando terminó la sesión lo llamé para decirle: ‘Misión cumplida, hermano. Yo te he apoyado y ahora quisiera que hables con mis dirigentes porque me están amenazando creyendo que no te iba a votar’. Él me dijo que esté tranquila, que hablaría con ellos. Entonces yo  estaba segura que no iba a pasar nada”, relata. 

Sin embargo pasó. Las amenazas que la asambleísta venía recibiendo desde el 5 de junio, fecha en que se llevó a cabo la primera sesión de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), se cumplieron días después. “Ellos querían a toda costa que apoye al gobernador”.

Empero, los rumores de que no votaría por Veliz, aunque sí lo hizo, derivaron en la renuncia de Vargas, en el saqueo y quema de sus pertenencias y en el terror de toda una familia. Algunos de sus familiares estuvieron como rehenes durante una semana entera.

Quema, renuncia y terror

El miércoles 10 de junio, a las 18:00 y después de poner en conocimiento de su situación al gobernador, Vargas recibió  la llamada de una persona que le dijo:  ‘Miriam, van a ir a quemar tu casa’.  Allí estaban sus hijos, quienes esperaban a la que es madre y padre de ellos a la vez.

“A las 19:30 de la noche llegaron a la plaza de Macha desde el Cruce Ventillas entre unas 90 y 100 personas en estado de ebriedad y empezaron a gritar: ‘¡Queremos la renuncia de la Miriam!’”, cuenta ella, quien desesperada redactó una carta de renuncia que hizo llegar a los dirigentes a través del párroco de Macha. Pero la rechazaron porque, según explica Vargas, no había sido entregada a  la ALD.

Cuando eso ocurrió, la mayor de sus hijas estaba cocinando, mientras que la del medio pasaba clases virtuales de la universidad y el hermanito menor hacía sus tareas. Una llamada de su madre los alertó para que se resguardaran en otro lugar. “Un minuto antes de que lleguen hasta mi casa, mis hijitos salieron”. Y fueron donde su tía, quien vive en la misma cuadra.

Esa noche, los dirigentes hicieron vigilia en la calle en la que está ubicada la casa de Vargas, la de sus papás y sus hermanos: “Se dedicaron a patear las puertas (…) Desde ese día tuvieron a mis familiares como rehenes”, comenta Vargas. 

Y al día siguiente, el jueves, presentó su renuncia al presidente de la ALD y al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí  para resguardar la seguridad de su persona y de su familia. Pero eso no evitó que se desatase el ataque a su vivienda ya caída la noche.

Varios videos muestran como la casa es asaltada por personas que ingresan y sacan todo tipo de objetos, desde muebles hasta ollas. Mientras unos se guardan algunos bienes, otros los arrojan a una fogata en el frontis del domicilio. Los mismos que impidieron que ella vuelva a Macha con sus hijos porque estaban bloqueando el puente Ventilla fueron los que quemaron todos los enseres de su casa.

“Me han dejado sin nada. Mi horno de cocina, los sillones, las computadoras de mis hijas por donde pasaban clases, sus ropas… todo lo han quemado. Pero las garrafas y las frazadas se las han llevado”, explica dolida la autoridad departamental. “¿Qué hubiese pasado si hubiesen encontrado a mis hijos en casa?”.

Lejos de conformarse, los autores de la quema mantuvieron la vigilia durante una semana, hasta el miércoles siguiente, cuando Vargas se trasladó hasta Macha junto a la delegada Defensorial de Potosí, Vilma Martínez, para viabilizar la pacificación del lugar e iniciar el diálogo. Para ese entonces, sus papás habían logrado resguardarse en la parroquia del municipio y sus hijos consiguieron llegar hasta la capital.

“Si yo no iba a Macha estaban amenazados mis papás, decían que iban a quemar su casa y las de mis hermanos. He ido llorando todo el camino porque tenía miedo que pase algo con mi persona”, confiesa Vargas. “Cuando llegué me empezaron a cuestionar”, añade.

Acta de Compromiso

Ese día, el miércoles 17 de junio, Vargas y autoridades de las centrales y subcentrales de las comunidades de Macha sostuvieron una reunión y suscribieron un Acta de Compromiso por la que la asambleísta, bajo presión, se comprometía a presentar una nueva renuncia con el tenor de que la misma era “voluntaria” e “irrevocable”.

A cambio de esta concesión y la de desistir de acciones legales contra los dirigentes de la Central Seccional Tomas Katari por el saqueo y la quema de sus pertenencias, estos se comprometían a garantizar la seguridad de Vargas y de su familia.

“(…) La vigilia queda en un cuarto intermedio hasta que la renuncia sea aceptada por la ALD y el TED. Una vez aceptada la renuncia, se validará el Acta ante un Notario de Fe Pública y entrará en vigencia el tema de garantías, donde la familia tendrá y retornará a su cotidiano vivir”, dicta el documento, que lleva el visto bueno y la firma de la delegada Defensorial de Potosí.

“La Defensora no me ha defendido y ha permitido que me traten mal. Nadie hizo nada ese día (de la reunión). He pedido ayuda a todos, pero nadie me ha ayudado”, lamenta Vargas. 

“Estoy preocupada porque aún no se ha resuelto este problema. Si la ALD y el TED no aceptan mi renuncia, no me van a dar garantías para mi familia, todavía estoy amenazada. Sin embargo, yo cumplí entregando mi carta de renuncia”, apostilla.

De catequista a la política hostil 

Antes de dar el salto al terreno político, Vargas era catequista y se ganaba la vida con  las ventas que hacía en su tiendita de barrio. Esa misma que hacía a las veces de hogar y que en cuestión de horas quedó totalmente desmantelada.

“Yo era catequista en Macha (…) La gente del área rural se habituó a mí y como veían que era activa con ellos y que siempre les daba una solución me dijeron que me apoyarían como asambleísta departamental. Yo no tenía ninguna trayectoria política, pero ellos me empujaron a dar ese salto”, argumenta.

De esa forma, el 2015 entró como suplente del asambleísta Abelardo Colque, ahora candidato a diputado, y de Macha, pasó a residir en Potosí. Tiempo después, “sin saber cómo”, ella salió titular y Colque le empezó a reclamar la titularidad del curul. Ahí empezó su calvario político.

“Desde hacía un año yo ya recibía amenazas. Su mujer venía a pegarme, a difamarme y a tirarme con brujerías. Traía también a los dirigentes, la misma gente que ha quemado mis cosas. Yo nunca me he aferrado a este cargo y me comprometí con él para darle la gestión compartida porque no quería sufrir más atropellos”, afirma la asambleísta.

“De ahí se ha desaparecido por un buen tiempo y después he visto que estaba en las listas como candidato electo a diputado”, añade Vargas sobre Colque, quien también estuvo involucrado en los hechos de la noche del 11 de junio, según sus denuncias.

Luego de ser “desmantelada” económicamente por sus dirigentes -de quienes, dice,   “era su banco” pues para cualquier cosa le pedían plata más allá del 5% de su aporte-, Vargas fue desvalorizada, atropellada y violentada. 

“Estoy decepcionada de mi gente, no me han sabido valorar. Yo soy mamá y papá de mis hijos y estoy muy preocupada por lo que pueda pasar”, concluye Vargas, dejando en claro, una vez más, que la política sigue siendo terreno hostil para las mujeres en Bolivia.
 

 Organizaciones e instituciones piden declarar ilegal la renuncia de Vargas

La Defensoría del Pueblo y organizaciones e instituciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres piden garantías para la asambleísta Miriam Vargas. Demandan además  que se investiguen los hechos s y que se declare ilegal su renuncia a Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí declarar como ilegal la renuncia de Miriam Vargas porque la misma se dio en un contexto de acoso y violencia política, hostigamiento y presión en contra de su persona y sus familiares.

Asimismo, la Defensora demandó a las instancias e instituciones competentes que garanticen la protección de Vargas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 243 contra la Violencia y Acoso Político, frente a las presiones y desconocimiento de los derechos políticos de la legisladora.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) también condenó los hechos de violencia  contra la asambleísta  Vargas. “El OEP realizará todas las acciones necesarias para resguardar los derechos políticos de las mujeres e insta a las autoridades competentes a investigar, procesar y sancionar los actos delictivos producidos contra la asambleísta departamental y su familia”, dice un comunicado del ente electoral.

Mediante un pronunciamiento, organizaciones e instituciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres expresaron  su repudio e indignación por los hechos de violencia política contra la asambleísta. 

Exigen, entre otras cosas, no dar curso a cualquier solicitud de sustitución de la autoridad por el suplente,  acceso inmediato a la justicia para la legisladora y que la Dirección Nacional del MAS-IPSP habilite los mecanismos internos y sancione a los dirigentes que hubieran participado de los hechos de violencia, con la suspensión de su mandato.

A estos pedidos se suman los del colectivo femenino Kuña Mbarete (Mujeres Fuertes), quienes además piden la renuncia del gobernador  de Potosí, Omar Véliz.

“Nosotras, como mujeres, pedimos la renuncia del gobernador porque no puede haber personas que nos gobiernen con esas características, que traten de mellar la dignidad de la mujer por perpetuarse en el poder”, manifestó la coordinadora departamental de Kuña Mbarete, Paola Maritza Chambi.
 

Punto  de vista
Mónica Novillo,  directora de la Coordinadora de la Mujer

Violencia política  e impunidad

Cada vez más, para las mujeres participar en política se convierte en una actividad de alto riesgo. Agresiones físicas, verbales, burlas, hostigamiento son sólo algunas de las expresiones de la violencia y el acoso político que viven. Otras veces se utilizan a terceros, turbas enardecidas que amedrentan, amenazan la vida y la seguridad de las mujeres autoridades y sus familias.

Siete años han pasado desde la promulgación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres y no se ha logrado ninguna sanción a los agresores. Un vergonzoso incumplimiento de la Ley 243 por parte de las instancias estatales, gubernamentales, organizaciones políticas y sociales, que no han adecuado sus normas internas a la Ley para sancionar adecuada y oportunamente este tipo de violencia. 

Así, ante la mirada indiferente y cómplice de las dirigencias partidarias, se violan los derechos de las mujeres cuando se pretende hacerlas renunciar a sus cargos, a sus candidaturas para habilitar al suplente, o se pretende forzarlas para avalar decisiones o hechos en contra de su voluntad. Se ha comprobado la relación directa entre las acciones de fiscalización de las mujeres autoridades y el acoso político contra ellas.

El acoso y la violencia política son los principales obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y el motivo por el que ellas no quieren permanecer en la vida pública. Constituyen parte de la cultura y la práctica política en Bolivia; pero adquiere matices más crudos y violentos cuando se trata de mujeres, así lo ha mostrado el caso de Miriam Vargas, asambleísta departamental de Potosí (departamento con mayor cantidad de acoso y violencia política contra las mujeres). 

El acoso y la violencia política debilitan más la democracia, se debe sancionar a los agresores para evitar que casos similares se repitan y queden en impunidad.