En el país se ha introducido un estilo de gobierno en el relacionamiento Estado–sociedad –con variantes según el régimen– donde están empoderados el sobreprecio y la dádiva como métodos de conducta en la compra y adjudicación de bienes y servicios. Ese estilo llegó a reproducirse en niveles subnacionales cuando la Participación Popular tomó brío, lo que en definitiva configuró un escenario donde se estructuró una suerte de prisión en la que pagabas, o pagabas.

En la actualidad, probablemente ese resabio y los hechos que se sucedieron desde la asunción de la señora Áñez hayan contribuido a que las encuestas no la favorezcan en este momento. Quizá, y solo quizá, si así no hubiera sucedido (me refiero a “los hechos”), los efectos políticos y electorales de la Covid-19 no le habrían sido tan perjudiciales.

Pero más allá de esas consideraciones, cuando el Gobierno asume el control del Estado, lo hace frente a un escenario poco deseado y abruptamente polarizado a partir de la pandemia. No solo fue el desafío de asumir la construcción de un sistema de salud esquelético, sino que la base masista construida desde el Estado y sus Órganos, durante los últimos 14 años, activó una estratagema de desestabilización que ha colocado al Estado en situación de terapia intensiva.

Me explico. La Asamblea Legislativa, a través de los 2/3, ha desatado un boicot de tal envergadura, que se ha priorizado la conducta vengativa del exrégimen por la pérdida de poder y privilegios, a la aprobación de créditos que hoy hacen falta para la salud. El TSE ha asumido, a través de su presidente, una postura pusilánime ante hechos que requerían la fuerza de la institucionalidad recuperada. Me refiero al inaceptable financiamiento para campañas; a la aparición de “votantes” en Argentina y a la tibieza en afrontar acciones penales fruto del fraude.

Por si fuera poco, el TSJ ha exteriorizado una crisis interna, al punto que hoy surgen una serie de dudas sobre la idoneidad de su presidente, a raíz de un pasado que lo vincularía –se denunció– directamente con el exrégimen; aquél, más allá de no cuidar las formas a tiempo de juramentar –dato no menor en escenarios como el judicial– deja un sabor a poco si acaso lo que se busca es una administración de justicia imparcial.

Esa, la consecuencia, sin duda, del inaceptable voto en urnas establecido en la CPE para la elección de magistrados. Termino aquí. La forma de sortear todo este laberinto de intereses políticos y personales pasa por generar un gran acuerdo nacional que privilegie la institucionalidad, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la atracción de inversión privada nacional y extranjera, la seguridad jurídica, la cualificación de una educación que mire al mundo y no a nuestros tobillos creyendo que al hacerlo somos revolucionarios en la materia, la construcción de un sistema de salud con capacidad de respuesta inmediata y el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico.

Lo demás es discurso que busca ocultar una deleznable forma de evitar la construcción de un Estado capaz de ser sostenible en el tiempo.