Es necesario hacer un recuento que explique las razones por las que insisto tan machaconamente en este tema. En octubre/noviembre del pasado año, muchos nos ilusionamos con que se abrirían nuevos cauces para recuperar el sistema democrático y avanzar en su consolidación una vez que el exmandatario Evo Morales y sus principales seguidores, luego de 14 años de ejercicio del poder, fugaron del país. Hasta enero, parecía que el camino estaba hecho. Pero surgieron dos quiebres en ese camino. El primero, la decisión de la Presidenta del Estado, encargada de pacificar el país y organizar elecciones transparentes, de convertirse en candidata. El segundo, la aparición del coronavirus.

En ese contexto, hasta enero de 2020, como dispone la norma electoral, se inscribieron las siguientes siglas y candidatos. A saber: Comunidad Ciudadana, con Carlos Mesa y Gustavo Pedraza; Movimiento al Socialismo, con Luis Arce y David Choquehuanca; Juntos, con Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina; Creemos, con Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari; Libertad y Democracia, con Jorge Tuto Quiroga y Tomasa Yarhui; Frente para la Victoria, con Chi Hyun y Jessmy Barrientos; Partido de Acción Nacionalista Boliviano (Panbol), con Feliciano Mamani y Ruth Nina, y ADN, con Ismael Schabib y Simeón Jaliri (aunque han propuesto el cambio del candidato presidencial).

Hasta ahí no había problema con el cronograma electoral elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero luego comenzaron a difundirse encuestas y quienes se sentían triunfadores aparecieron con baja convocatoria electoral. A partir de entonces aparecieron los interesados en anular el proceso electoral, utilizando, según el momento, diferentes pretextos.

Así, comenzó una campaña sostenida promoviendo que se procese al MAS para quitarle su personería, campaña que luego puso en su mira la desarticulación del TSE. Luego, otra para que se cambie la ley sobre distribución de las circunscripciones uninominales porque la actual significaría que el voto rural tendría más peso que el urbano (campaña que se desarticuló por la falta de argumentos de sus impulsores y contundentes análisis de personas entendidas en el tema). Después apareció una novedad: la pandemia habría cambiado al país por lo que se debería reorganizar el proceso electoral. Pero, como éste continúa, ahora se dice que el acto electoral aumentaría las posibilidades de contagios.

Lo raro es que esos intentos dirigidos a anular el proceso electoral en marcha responden, qué casualidad, a quienes saben que en la elección general no tendrán mayor votación y aquellos que están seguros de que si hay nuevas elecciones podrían participar, como no lo están haciendo ahora. Obviamente hay excepciones.

Esos intentos antidemocráticos han ayudado a la polarización política ya no sólo entre el MAS y los que defendemos la democracia, sino –por lo menos en las redes sociales– de todos contra todos.

Pese a todo, se ha fijado la fecha de elecciones (con el entendido de que si la pandemia sigue azotando al país podrá ser diferida), decisión que elimina la incertidumbre y contiene el claro mensaje de que no se suspenderá el proceso electoral, porque la base del sistema democrático es elegir a nuestras autoridades.

Así parecen haberlo comprendido, asumiendo la responsabilidad política que corresponde, los candidatos de Comunidad Ciudadana y Libertad y Democracia, comprensión y responsabilidad que la Primera Mandataria podría recuperar si decidiera, con lucidez y visión de largo plazo, renunciar a su candidatura electoral y posicionarse como la líder que cumplió el mandato de pacificar el país y precautelar la realización de elecciones transparentes.

Lo demás, me parece, es tratar de pescar en río revuelto por intereses exclusivamente personales, sin que les importe el destino de nuestro sistema democrático ni la salud de la ciudadanía.