En el marco de la conferencia internacional denominada Elecciones 2020 y COVID- 19 en Bolivia y República Dominicana: lineamientos para la defensa de los derechos políticos de las mujeres, participaron las representantes de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Centro de Asistencia y Promoción Electoral (CAPEL) y la comisión de género de la Junta Central Electoral de República Dominicana (JCE).

«En una acción conjunta ONU Mujeres, el IIDH, AMEA, el TSE y la JCE de República Dominicana manifiestan su compromiso por la defensa y protección de los derechos políticos de las mujeres a través de este diálogo que busca contribuir a una reflexión interinstitucional que garantice democracias paritarias libres de violencia para las mujeres de América Latina y el Caribe», señala la nota de prensa.

Los ejes bajo los que trabaja la entidad electoral y la organización internacional son inicialmente en la promoción y desarrollo de espacios de diálogo políticos plurales que permitan integrar y visibilizar en la agenda electoral la perspectiva democrática y las propuestas de las mujeres desde un enfoque de género y sus derechos.

El segundo elemento está enfocado en el diseño e implementación de medidas para una oportuna intervención del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en la atención y protección a mujeres candidatas que son víctimas de acoso y violencia política durante la campaña electoral.

Asimismo, se ocupan de la transversalización de enfoque de género, derechos de las mujeres y no violencia en las diferentes fases del proceso electoral. Por último, elaboran planes para la sensibilización a las misiones electorales en perspectiva de género.

Los expertos coincidieron en que las autoridades deben asumir que la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19) afectará los procesos electorales en escenarios como el registro de votantes, la nominación de candidaturas, las campañas electorales, los procesos de capacitación, educación electoral y el desarrollo de las actividades en la jornada electoral, ello sumado al riesgo que existe por casos de acoso y violencia política que se originan contra las candidatas.

«En el contexto de la COVID-19, el reto es aún mayor porque las brechas de participación política podrían incrementarse debido a los casos de acoso y la violencia política que sufren las mujeres, y que en situaciones de aislamiento y cuarentena se trasladan a las redes sociales, poniendo en riesgo la integridad de las candidatas, quienes aún no cuentan con marcos normativos que garanticen sus derechos y sancionen estos actos», explica el documento.

Al respecto, los participantes destacaron que Bolivia es el único país que tiene una normativa específica que protege a las mujeres y sanciona estos delitos a través de la Ley N° 243 contra el Acoso y la Violencia Política.