Esas críticas surgieron, en enero, apenas la Presidente anunció su decisión de postularse y se intensificaron cuando se inscribió en los registros del Tribunal Supremo Electoral, como candidata de la alianza política Juntos, a la presidencia de Bolivia.

Entonces se cuestionaba el desencanto provocado por su candidatura, para una ciudadanía que mantenía fresca la expectativa resultante de la convulsión poselectoral. Una expectativa marcada por la dura experiencia de los 21 días de incertidumbre y violencia que precedieron a la renuncia y fuga de Evo Morales y Álvaro García.

Áñez defendió su decisión de ser candidata como una opción de unidad para enfrentar al MAS. Pero eso no bastó para despejar la inquietud por el riesgo que significaba esa postulación para la transición institucional. Y los adversarios políticos de la Presidenta alertaron sobre la posibilidad de que los recursos del Estados sirvan para sustentar su campaña electoral.

Luego llegó la pandemia y las críticas se orientaron a la posibilidad de que el Gobierno descuide la gestión de la emergencia sanitaria por sus afanes electorales, o se sirva de aquella para conquistar votos.

Hoy faltan poco más de 10 semanas para las elecciones, el país vive la inminencia de una catástrofe sanitaria, el inicio de la contracción económica –cuyos efectos se anuncian severos– y el asomo de una crisis de gobernanza como resultado de los casos de corrupción y las acciones del Legislativo, de mayoría masista, que dejan al Gobierno con recursos económicos limitados y lo acorralan con su control y fiscalización.

Además, es evidente el descontrol de la administración central, en cuyo aparato continúa trabajando un gran número de funcionarios afines al anterior régimen.

En ese contexto, parece evidente que la Presidenta tiene que elegir entre renunciar a ser candidata o condenar a su Gobierno al rotundo fracaso de su gestión transitoria.

Un fracaso que va a perjudicar al país en todos sus estratos, pues la intervención de un Estado sólido y eficiente para enfrentar los efectos de la pandemia y de la crisis económica es más urgente que nunca.

Un fracaso que también perjudicará, y sobremanera, a las ambiciones electorales de la alianza política que ejerce el Gobierno transitorio.