El Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene poder en la Asamblea Legislativa y lo está utilizando de la peor manera: se ha convertido en una tranca para la gestión de Jeanine Añez, genera conflictos innecesarios y posterga el tratamiento de temas urgentes para atender la emergencia del coronavirus.

Cuando se produjo la transición de Evo Morales a Jeanine Añez surgió en la Asamblea un ala concertadora, liderada por la presidenta del Senado Eva Copa, pero luego todos los legisladores del MAS se alinearon bajo los dictados de Evo Morales.

En ese marco, los dos tercios de votos del MAS han ocasionado un constante conflicto de poderes con el Órgano Ejecutivo que, en contrapartida, ha encontrado otros mecanismos para continuar adelante con sus planes sin intentar siquiera una concertación democrática con el MAS. Veamos los ejemplos.

Una comisión legislativa rechazó el crédito de 327 millones de dólares del FMI que estaba destinado a luchar contra la pandemia de la  Covid-19. El MAS ha asegurado que el Gobierno  presentó la documentación requerida, pero, conociendo que el partido de Evo Morales es reacio a aceptar cualquier relación con el FMI por razones ideológicas, ese organismo ha salido a aclarar que el préstamo no está sujeto a ningún condicionamiento.

El Gobierno asegura que están bloqueados en la Asamblea créditos por 1.700 millones de dólares provenientes de diferentes fuentes de financiamiento para atender la emergencia sanitaria. Es tan incoherente el MAS que incluso ha decidido reevaluar la emisión de bonos del Tesoro, pese a que esta decisión fue tomada por el exministro Luis Arce.

Al usar sus dos tercios de votos para cortar el flujo económico al Gobierno, el expresidente Evo Morales está mostrando su peor cara porque, sin importar los desastrosos efectos de la pandemia en Bolivia, él simplemente hace política.

Pero, la Asamblea ha decidido ir más lejos. Ha aprobado una ley para poner candados a estos y futuros créditos con el argumento de que quiere fiscalizar todo el dinero que ingresa al país vía créditos, donaciones y bonos. 

Esta actitud demuestra, además, el cinismo del MAS que, entre 2016 y 2019, durante la  gestión de Evo Morales en el poder,  aprobó sin chistar 17.000 millones de dólares de créditos.

Con las leyes actuó de manera parecida. La ley de devolución del 12% del IDH confiscado a las regiones para un fondo de exploración que nunca funcionó, durmió desde abril hasta junio en la Asamblea hasta que finalmente, en medio de paros y bloqueos de los municipios, fue sancionada. También esperan por aprobación leyes como la asignación del 10% del presupuesto del Estado a Salud, el alivio tributario o la donación de plasma.

En cambio, sí se aprobaron leyes que no tienen ningún sentido, pero que buscan generar conflicto en el país, como la ley de condonación de alquileres que es confiscatoria de la propiedad privada o la de excepción, que supuestamente empodera a la Asamblea, protege a los movimientos sociales y cae con responsabilidades sobre policías y militares en caso de que se dictara estado de excepción. Constitucionalistas consultados por este medio consideran que el espíritu de esta ley ya está contenido en la Constitución y que, por tanto, lo único que busca es generar malestar con las fuerzas del orden.

En la misma línea se inscribe la decisión de no dar curso a los ascensos a jefes militares, causando un innecesario conflicto con las Fuerzas Armadas. La lista para la ratificación de este trámite burocrático fue enviada a principios de febrero y hasta ahora no se da curso.

La Asamblea Legislativa es uno los órganos del Estado y en ella descansa parte del sistema democrático; por tanto, nadie que respete el juego democrático debería pedir su cierre, pero lo que sí se puede exigir es que sintonice con la situación de emergencia que vive el país, que desbloquee los créditos y  que deje de generar malestar en las instituciones y la sociedad boliviana.